El diario El Comercio reporta hoy que la bancada oficialista y el ejecutivo, además de Nadine Heredia en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista, se han reunido en las últimas horas para evaluar posibles cambios a la Ley 30288. Según el reporte, el principal cambio que se estudia es circunscribir los efectos de la ley a trabajadores entre 18 y 24 años que no cuentan con estudios superiores, ya sea técnicos o universitarios.

Esto, ciertamente, adecuaría la norma a lo que el Presidente, en Ministerio de Economía y en Ministerio de Trabajo han venido diciendo sobre ella, y que tal como están las cosas ahora, no es cierto. Humala, sus ministros y muchos otros defensores de la nueva norma aseguran que "está dirigida" a ese sub-sector de la población joven, los que carecen de capacitación, y la han presentado en términos generales como la creación de un régimen laboral con intenciones formativas, que les daría a esos trabajadores la oportunidad de adquirir destrezas y experiencia para luego acceder al régimen general.

Modificar la ley en esos términos permitiría continuar con esa línea de defensa. El problema es que se trata de una defensa engañosa. La Ley 30288, cocinada entre algunos sectores del ejecutivo y los gremios empresariales, no ha tenido nunca la intención de ser principalmente un régimen especial para la formación de los trabajadores jóvenes. 

En primer lugar, los regímenes laborales formativos ya existen (y no han solucionado el problema del desempleo juvenil); añadir uno nuevo es redundante e innecesario.

En segundo lugar, el cuestionamiento a la ley según existe no es que afecta a todos los trabajadores jóvenes en vez de sólo afectar a algunos. El cuestionamiento central es que se trata de una ley discriminatoria, pues crea un grupo de trabajadores a los cuales, en función de su edad, se les compensa menos que a otros. El cambio propuesto sólo añade un segundo criterio de discriminación: jóvenes y sin estudios (léase, jóvenes y pobres). Pero no cambia su esencia.

Y en tercer lugar, sin programas concretos y específicos de formación en el trabajo para estos grupos de trabajadores, y sin incentivos reales para su eventual contratación bajo el régimen general, lo único que este cambio cosmético logrará es generar un mecanismo de rotación en puestos laborales precarios, y una mayor precarización del empleo.

Las preguntas de fondo sobre el nuevo régimen propuesto continúan en pie, y seguirán ahí aún si se llegan a efectuar estas modificaciones. ¿Por qué es necesaria, si los regímenes especiales ya existen? ¿De qué manera "formaliza" el empleo de la mayoría de trabajadores jóvenes que actualmente cobran mediante recibo por honorarios? ¿Cómo se protege a los trabajadores bajo contrato temporal, que serían reemplazados por jóvenes bajo el nuevo régimen (es decir, más baratos para sus empleadores)?

Lo que los afectados han venido reclamando en las calles, y volverán a reclamar este lunes, es que la ley sea derogada, no que le cambien los detalles. Una vez derogada, se puede (y se debe) debatir medidas de promoción del empleo, regímenes especiales y otras formas de incentivar la participación de los jóvenes en la economía formal. Ese es un debate que el país no ha tenido, y que hoy ya es obligatorio. No puede hacerse con la ley impuesta y en vigencia a espaldas de la ciudadanía. El gobierno debería escuchar ese reclamo.  

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