El futuro del régimen laboral juvenil está en entredicho. Son seis los proyectos en el Congreso que buscan entre modificarlo, suspenderlo o derogarlo, además este martes se presentó una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) que complica aún más su puesta en vigencia.
El Gobierno, por su parte, se niega a derogar la polémica ley, que recorta derechos laborales a los jóvenes entre 18 y 24 años, y que ha provocado la marcha de miles de jóvenes en señal de protesta en las últimas semanas, en dos jornadas que fueron convocadas en las redes sociales.
los jóvenes en las calles contra el nuevo régimen laboral (foto: lamula.pe)
La controversia ha elevado sus decibeles hasta los tonos más altos tras que un artículo publicado en La República trazará que la génesis de la ley reside en los gremios empresariales. Éstos aliados con el Gobierno habrían impulsado esta reforma parcial, como un globo de ensayo para una posterior reforma del régimen laboral general, medida por la que los empresarios presionan desde hace años a los sucesivos gobiernos.
Esta ley que habría sido cocinada entre los ministerios de la Producción y Economía y Finanzas, sin que haya pasado por las dependencias técnicas de Trabajo (pese a ello, el ministro de esta cartera, Fredy Otárola, hombre del partido de gobierno, la votó a favor) también cuenta con detractores en el corazón del oficialismo, el principal rostro de este grupo es la vicepresidenta Marisol Espinoza.
Otra de las sospechas que se ha confirmado estribaba en la vigencia de la norma. Inicialmente trazada para cinco años, su impulsor, el titular de la Producción Piero Ghezzi, ya ha adelantado en una entrevista en el diario Gestión que podría extenderse dependiendo de sus resultados, con lo cual la posibilidad se perpetúe como ha ocurrido con otros regímenes como el de agro ha crecido como la espuma.
- El congreso recula
El primero en desmarcarse de la ley ante la protesta de miles de jóvenes ha sido el Congreso. Después de haberla aprobado a principios de mes, las mismas bancadas le han bajado el dedo a la norma y ahora impulsan su derogatoria. Las propuestas más moderadas son las de los partidos Perú Posible y el fujimorismo.
La bancada del partido del ex presidente Alejandro Toledo plantea modificar la ley restituyendo la CTS, las gratificaciones y las vacaciones por 30 días, así como elevar las remuneraciones de 20 a 30 por compensación por despido. En cambio, la propuesta de Fuerza Popular se inclina por una suspensión por 180 días para abrir un debate general entre los trabajadores, empleadores y el Estado.
En tanto, existen otros cuatro proyectos de las bancadas de Acción Popular Frente Amplio, Concertación Parlamentaria y Dignidad y Democracia que buscan derogar dicha ley basados en diferentes argumentos. Quizá el central es que la declaran inconstitucional porque discrimina a los más jóvenes recortándoles derechos, en comparación con el régimen general laboral.
- el camino más largo
Un segundo camino es la acción de inconstititucional que ha presentado el legislador Jhony Lescano este martes ante el TC. Este sería el camino más largo, engorroso e inseguro. Por lo pronto, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, ya adelantó que la audiencia para empezar a evaluar la norma se podría programar recién para marzo.
“Si el Colegio de Abogados de Puno [que también suscribe la demanda] no ha adjuntado, por ejemplo, las actas donde se acuerda interponer la acción y se delega a su decano la representación en este proceso, tendríamos que dar un plazo para que regularicen esos requisitos de forma", ha dicho Urviola.
Pero como bien señala el exministro de Trabajo Javier Neves Mujica el TC no ha declarado inconstitucional otros régimenes especiales como el de las Mypes o el CAS, y si el TC es consecuente lo más probable es que también refrende la legitimidad de este nuevo régimen. “Además el proceso en el TC tardará meses porque hay que convocar al Estado, escuchar a las partes en una audiencia”, enfatiza.
- derogatoria, ¿va o no va?
El camino más corto y efectivo para derogar la norma es el Congreso mismo. Ahora el Congreso se encuentra en receso y la próxima legislatura se inicia en marzo, pero continúa sesionando la Comisión Permanente y es ahí donde debería evaluarse la derogatoria.
Si tal y como se pretende los proyectos de derogatoria deben pasar por las comisiones de Economía y Trabajo antes de aterrizar en la comisión permanente, ambas comisiones podrían tener una sesión especial, todo depende de “la voluntad política”, indica Neves.
“Si hay consenso la norma podría derogarse en una semana. Incluso podría ser exonerada de comisiones, dependiendo del acuerdo de la mesa directiva, pero repito todo esto es cuestión de que haya voluntad política”, concluye. Y como eso escasea, ya se ha convocado a una nueva movilización, este lunes 29 de diciembre.
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