El pasado jueves 11 de diciembre, 68 parlamentarios votaron a favor de la llamada “Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social”, que en realidad recorta importantes derechos laborales a las personas entre 18 y 24 años. Dichos congresistas pensaron que los ciudadanos no se iban a dar cuenta de lo que implicaba dicha norma. Al ver el rechazo de la sociedad civil, ahora, muchos de ellos, entre apristas, fujimoristas y ppkausas, dicen estar arrepentidos y haber descubierto que esta ley atentaba contra los derechos de los jóvenes, y hasta piden la derogatoria en una movida política evidente. No vamos a tomar en cuenta lo dicho por estos parlamentarios comodines.
Esta ley del nuevo régimen laboral juvenil debe ser derogada por ser inconstitucional, ya que discrimina a las personas entre 18 y 24 años reduciendo sus derechos laborales al dejarlos sin: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, asignación familiar, utilidades laborales, seguro de vida, seguro por trabajo en riesgo, y solo tendrían vacaciones de 15 días por año. Bajo el calificativo de "régimen especial" se esconde la creación de un grupo de trabajadores que no gozará de los mismos derechos que los demás. Como lo dijo el mismo mandatario Ollanta Humala, se trata de que los más jóvenes "paguen" su "derecho de piso".
La bancada Acción Popular-Frente Amplio se opuso desde el principio a esta ley. Su principal vocero fue el parlamentario Manuel Dammert. En la sesión del Pleno del 11 de diciembre, Dammert se opuso al proyecto afirmando que se trata de un régimen semi-esclavista.
"En un momento en que el Perú tiene cantidad de jóvenes en edad de trabajo, a los cuales se le debería dar oportunidades para construir su futuro, se les quiere utilizar para que sean un 25% para utilizar y renovar al gusto del empleador. En un país que está primando la subcontratación y la tercerización, vamos a tener a jóvenes a quienes se les está recortando su futuro. La arbitrariedad de los empleadores va a permitir que estos jóvenes estén un año y salgan. Y como hay gran cantidad de jóvenes que buscan trabajo, van a entrar otros. Vamos a tener varios años de un régimen juvenil de semi-esclavitud. En otros países, los programas le dan a los jóvenes capacitación, condición de ahorro y la posibilidad de ascender. Aquí, no, aquí se le utiliza como una masa mercantil para abaratar el costo laboral para las empresas. Se les ofrece a los jóvenes un futuro de semi-esclavitud que va en contra de los convenios internacionales suscritos por el Perú. Se les está quitando a los jóvenes su futuro y posibilidad de desarrollo", dijo.
Con la promulgación de esta ley, el Estado peruano estaría incumpliendo convenios internacionales sobre el trabajo. En declaraciones a LaRepública.pe, Julio Gamero, especialista en empleo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), criticó el nuevo régimen laboral juvenil, ya que no cumpliría con el objetivo de reducir la informalidad y reduce los derechos de los trabajadores más jóvenes. "Una propuesta de un nuevo régimen laboral juvenil ameritaría una evaluación de los mecanismos actualmente vigentes en términos de si lograron sus objetivos (...). Si bien la medida planea reducir la informalidad, no brinda a los jóvenes algunos beneficios laborales como CTS, gratificaciones y seguro de vida", señaló. Además, consideró que las políticas del gobierno peruano deberían enfocarse a mejorar la calificación de la mano de obra en lugar de la reducción de derechos.
La bancada Dignidad y Democracia también votó en contra desde un inicio. La congresista Esther Saavedra se manifestó al respecto. “La Ley de empleo juvenil, mal llamada de ‘acceso de los jóvenes al mercado laboral’, es una norma abusiva que considera a los jóvenes como ciudadanos de segunda categoría, porque le quita derechos fundamentales. Es una ley que permite la arbitrariedad y no va a generar más empleo, sino que más bien provocará que las grandes empresas reemplacen trabajadores con jóvenes con el fin de bajar sus costos. Es una norma inconstitucional por eso hemos preparado un acción de inconstitucionalidad que se encuentra en la etapa de recojo de firmas”, señaló indignada. Además, le recordó Humala Tasso sus promesas electorales. “Recuerdo que durante la campaña, Ollanta Humala prometió que eliminaría los services, y que la jornada laboral sería de 8 horas, así como que se protegería los derechos laborales. Nada de lo que prometió se está cumpliendo, nos han estafado, está ley permitirá que las empresas le saquen la vuelta a la norma y terminen por sacar a miles de trabajadores que hoy están trabajando con todos sus derechos, para tener una mano de obra más barata”, afirmó.
A pesar de la protesta ciudadana, el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, el ministro de Economía, Alonso Segura, y la Primera Dama, Nadine Heredia, han salido a defender con uñas y dientes esta ley. "Defenderemos la ley laboral juvenil hasta las últimas consecuencias", dijo Otárola en declaraciones a Radio Exitosa. El ministro Segura intentó desacreditar las críticas a esta ley afirmando que responde a intereses políticos. Y Nadine dijo que los críticos a esta norma buscan el "aplauso fácil" e hizo un llamado a los congresistas que votaron a favor a ponerse firmes.
Como señala el parlamentario Dammert, "la semi-esclavitud no es un derecho de piso, es una pérdida de derechos". Parecen todos alineados en el gobierno, veremos si siguen firmes luego de las protestas.
La marcha de hoy, jueves 18 de diciembre, es convocada por organizaciones de la sociedad civil, juveniles y sindicales. La concentración es en la Plaza San Martín desde las 18:00 horas. Aquí el evento en Facebook: Marcha Por Derogatoria del Nuevo Régimen Laboral Juvenil.
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