Lita Rojas Pinedo y Adelina Vargas Santillán -viudas de los dirigentes ashéninkas asesinados por madereros ilegales- han acudido esta tarde al hotel Bolívar, en el centro de Lima, donde se lleva a cabo el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que se celebra en nuestra ciudad este fin de semana.

La presencia de estas mujeres en Lima -ayer en la Cop20, hoy en el Tribunal-, nos habla claramente del tipo de justicia que ellas y su comunidad buscan. Están aquí, pese a toda la confusión y dolor que hace pesar la muerte de sus compañeros, porque no pueden permitirse que  la atención de las autoridades por su causa se distraiga. 

Su comunidad sigue bajo amenaza. No están interesadas sólo en la investigación penal por los asesinatos: exigen la titulación de su comunidad, pues asegurarla legalmente es el primer paso para combatir a los agresivos madereros ilegales que los acechan. Eso sería justicia.

Lo demás es indiferencia, impunidad, desprotección. No son palabras para ellas. Son sonidos de una lengua que no es la suya y que resuenan con la imagen de la muerte arrebatándoles a sus compañeros, de los padres de sus hijos, de sus hermanos ashéninkas. Amenazando a su pueblo.

En la entrada del Bolívar, ellas han entregado una carta a los asistentes, a los activistas, a la prensa. En un país como el Perú, que aún no se acepta también ashéninka y sólo entiende la ciudadanía en el papel y en castellano, el pedido que a través de Lita y Adelina hace el pueblo ashéninka, lo peruaniza. ¿Qué más peruano que llegar a Lima para pedir justicia y denunciar a un Estado que demora cumplir sus ofertas?

Es cierto que la delegación ashéninka se ha reunido con la primer ministro Ana Jara y que la investigación, a cargo del fiscal Edder Farfán, está en curso. Pero para quien carga sobre la espalda la amenaza contra su gente y la muerte de un familiar, el sentido de urgencia es otro. Lita y Adelina, y sus hermanas Julia Pérez y Ergilia Rengifo no pueden permitirse algo tan natural y justo como detenerse para llorar su pérdida. Están indignadas, pero están aquí, temiendo que el Estado abandone la búsqueda de restos, y dudando de que responda pronto a su demanda de titulación.

Apenas ayer, en el Instituto de Medicina Legal de Manantay les han entregado los restos de Quintísima. Hoy, los de Edwin Chota, mientras se espera la identificación de los de Jorge Ríos, y el hallazgo de Francisco Pinedo, que aún se rastrea. "No es un animal", dice Julia a la prensa. Exige que se lo devuelvan. Luego del crimen, por el estado de los cuerpos y según el avance de la investigación, hubo la voluntad expresa de desaparecer la evidencia entregando los cadáveres a la voracidad del bosque. Un crimen de bárbaros, como ha dicho el presidente Humala.

A uno de los presuntos asesinos, Eurico Mapez Gómez, se le ha dictado prisión preventiva hasta junio del año próximo. A otro de los implicados, Hugo Soria Flores, se le fijó la misma carcelería por nueve meses. Pero los deudos temen a sus cómplices - otros tres sospechosos aún no capturados, y sus patrones-. Por eso reclaman la protección que el gobierno les ofreció. 

Si la razón del asesinato de Edwin Chota, Leoncio Quintísima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos fue su resistencia a la depredación de nuestros bosques, la justicia no sólo ha de responder a estas mujeres encarcelando a los culpables, sino tomando acciones efectivas contra las mafias que depredan el bosque. De acuerdo a declaraciones del ministro de ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el primer paso, anular la concesión maderera que se superponía a la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, ya ha sido dado. Lo que sigue es titular los territorios de la comunidad. Esa es la justicia que esperan las viudas de los mártires ashéninka. Viudas, guardianas de los bosques, peruanas.

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