De acuerdo a la acusación presentada este mediodía por el fiscal Walther Delgado, entre los años 2008 y 2010 del segundo gobierno de Alan García, habría existido en la Comisión de Indultos una organización criminal destinada a condicionar la conducta de los servidores y funcionarios de la misma, para tramitar y emitir solicitudes de indultos y conmutación de pena, a cambio del pago de diversas sumas de dinero por parte de internos sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Varios de ellos, integrantes de organizaciones internacionales de tráfico de drogas. 

Dicha organización criminal estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Miguel Facundo Chinguel, e integrada por la secretaria técnica, Noelia Roxana Gómez Paulet, así como por los servidores Manuel Carrera Toribio, Dámaso Gregorio Luyo Vicente, Freddy Ronald Vilela Mijahuanca, Fabiola Edith Ojeda Julca y Jaime Juan Acevedo Saavedra.

Asimismo, la integraron los delegados y exdelegados del Establecimiento Penal de Lurigancho Carlos Butrón dos Santos, Henry Abel Cutipa Paricahua y Rafael Segundo Agurto Chiguán; y particulares como Bernardina Asunción Niquen Giraldo. Todos cumplían funciones determinadas al interior de la organización encaminadas a perpetrar el accionar presuntamente ilícito.  

Curioso es el hecho de que a partir de enero de 2008, cuando Miguel Facundo Chinguel asume la presidencia de la comisión, el personal de esta institución se incrementó sustantivamente y se contrató a diversos abogados, bachilleres en Derecho, asistentes legales, así como facilitadores, orientadores y promotores legales.

“Lo antes dicho no tendría ninguna relevancia si es que no se tratara de que las personas contratadas, en su mayoría, tenían filiación política aprista y/o eran amigos del presidente de la comisión y/o personas de su confianza”, refiere el fiscal.

Según los resultados del trabajo fiscal, “se contrató, en su mayoría, a personas de entera confianza del presidente de la comisión para así poder ejecutar, sin mayor contratiempo, el accionar ilícito desplegado, con lo que se evidencia el dominio de la organización por parte de Facundo Chinguel”.

El 10 de enero de 2008, ocho días después de la designación de Facundo como presidente de la Comisión de Indultos, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial No 09-2008-JUS, que modificó el reglamento de la comisión.  

Fueron estas modificaciones “las que viabilizaron la liberación –vía concesión de una gracia presidencial– de una mayor cantidad de condenados”.

Una de las modificaciones claves fue la del artículo 11 de la Resolución Ministerial No 193-2007-JUS, que sobre la “Objetividad” con la que debía proceder la comisión decía: “En la formulación de las propuestas para la concesión de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias y conmutación de la pena, la comisión actúa y opina con criterio de objetividad en atención a los elementos aportados a los obtenidos con arreglo a sus atribuciones”.

El nuevo artículo pasó a estipular: “La comisión actúa y resuelve con criterio de conciencia en la formulación de las propuestas de la conmutación de la pena”. Chau objetividad y elementos aportados.

En cuanto al procedimiento de la comisión para otorgar las gracias presidenciales, el grupo de Facundo Chinguel resolvió los expedientes de conmutación con una rapidez sorprendente. Así, la comisión podía resolver todo un expediente en apenas 4 minutos y 8 segundos como máximo. Y como mínimo, en 52 segundos. Todo un récord en tramitación.

“Bajo esas circunstancias, los comisionados procedían a aprobar o desaprobar los informes que contenían el número de años a rebajar a los internos a los que se había condicionado la concesión de la gracia presidencial”, señala el informe fiscal.

Hay más: “La nueva estructura de la comisión, que de cinco miembros pasó a tener solo dos miembros permanentes, viabilizó que Facundo Chinguel tenga un manejo casi total de la comisión, al punto que los tres miembros no permanentes solo estaban obligados a asistir a dos sesiones de la comisión al mes”. “Se advierte que el camino para la actuación de la asociación ilícita que se gestó al interior de la comisión tenía expedita la posibilidad de recomendar indultos o conmutaciones tan solo con dos miembros”, agrega. 

El total de conmutaciones otorgadas durante el segundo gobierno de Alan García fue de 5,246, de las cuales 3,207 correspondieron a condenados por tráfico ilícito de drogas. De éstos, solo entre agosto y diciembre de 2008, 201 conmutaciones fueron concedidas a condenados por drogas.  

“Durante el periodo en que Miguel Facundo presidió la comisión… se habría privilegiado la captación de internos sentenciados por tráfico ilícito de drogas y, sobretodo, aquellos vinculados a organizaciones criminales”, concluye el fiscal Delgado.

Ello habría ocurrido así “en razón del poder económico que éstos (los condenados por narcotráfico) mantenían aún en prisión, lo que posibilitaba que acepten los condicionamientos formulados por los funcionarios y servidores imputados a cambio de la tramitación y posterior obtención de un informe aprobando la gracia solicitada”.

“Salieron en libertad, vía concesión de alguna gracia presidencial, no solo un número considerable de internos sentenciados por TID, sino que obtuvieron su libertad a través de dicho “mecanismo” organizaciones completas vinculadas al TID”, subraya la acusación.

Si bien en el caso Narcoindultos Aurelio Pastor Valdiviezo, es investigado por el despacho del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el fiscal Walther Delgado ha obtenido un conjunto de evidencias que eventualmente podrían complicar al exministro de Justicia de Alan García, 

Resulta que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los acusados arrojó llamadas entre un asesor de Pastor, José Manfredi Marrufo Acosta, con Facundo Chinguel y uno de los presos intermediarios. El objetivo de las mismas habría sido, de acuerdo a lo que postula la Fiscalía, negociar la rebaja de condena del reo extranjero por narcotráfico Eugene Csorgo.  

Luego de una visita del ministro Pastor al penal de Lurigancho, en diciembre de 2009, y tras una presunta conversación entre éste y el interno Marco Antonio Gálvez Tello, el asesor de Pastor, José Marrufo Acosta empieza a efectuar las supuestas coordinaciones para resolver los problemas de “un primo” que “estaba dispuesto a pagar por su conmutación de pena”.

“Se ha podido verificar que en el mes de diciembre de 2009 existieron mensajes de texto entre José Manfredi Marrufo Acosta, con número 996 496 701, y Marco Antonio Gálvez Tello, con número 993 069 600”, indica el documento fiscal.

Posteriormente, “Marrufo Acosta, a fin de cumplir lo manifestado al colaborador, se habría ontactado con Miguel Facundo Chinguel… para que ése, a su vez, a través de los demás miembros de la organización criminal, viabilicen el contacto con Marco Antonio Gálvez Tello”.

Por supuesto que las llamadas a las que se refiere el fiscal Delgado están debidamente acreditadas y detalladas por informes obtenidos de las operadoras de telefonía celular del país.

El caso es que esas y otras “fueron necesarias para viabilizar la conmutación de pena de Eugen Csorgo, lo que generó que se procediera a “maquillar” el expediente, lo que conllevó a que el trámite del expediente de conmutación de pena presente una serie de irregularidades”.

Estas irregularidades fueron notorias: No existía solicitud de conmutación de pena del interno; el Acta de la Junta Médica Penitenciaria solo contaba con dos de las tres firmas que debía tener; el informe médico de Lurigancho no tenía sello ni firma del área; y no había constancia de trabajo ni de estudios del interno.

Según el Colaborador No 06, el 9 de febrero de 2010 el trabajador de la comisión, Rafael Segundo Agurto Chiguán, acudió a las oficinas de la comisión para hablar con Facundo sobre la conmutación de Csorgo, la misma que debía ser rebajada de 15 a 6 años. Es decir, le rebajarían 9 años de condena.

Menos de un mes después, el 5 de marzo de 2010, apareció publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema 052-2010-JUS, firmada por Alan García y Aurelio Pastor, que le concedió la conmutación a Eugene Csorgo de 15 a 6 años. “Ese día, tanto Henry Cutipa como Rafael Agurto se comunicaron varias veces por teléfono con Marco Gálvez Tello a fin de ejercer presión sobre éste para que proceda al pago de la suma de dinero acordada”, señala la acusación.

Las cuentas y los depósitos han sido debidamente identificados y acreditados por el fiscal Walther Delgado. Al cierre de esta edición, en sede de los juzgados supraprovinciales, todavía se discutía si la detención preventiva para Facundo se ampliaba o no por 18 meses más.

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