En el Perú, los sectores más conservadores rechazan radicalmente el aborto, incluso cuando se trata de casos en los que la salud de la madre está en peligro o cuando los embarazos son producto de una violación sexual. En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) dice las cosas claras: las legislaciones que criminalizan el aborto son un acto de violencia contra las mujeres.
foto: Karim Lahidji / flickr
"Además de regir el cuerpo de las mujeres, las empuja a practicar un aborto clandestino, lo que conlleva riesgos considerables para su salud y su vida. En las adolescentes, continuar con el embarazo provoca desastres tanto en su cuerpo como en su futuro", afirma Karim Lahidji, presidente de la FIDH, a Efe.
En junio pasado, en nuestro país, se aprobó la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento del Aborto Terapéutico, cuyo objetivo es proteger la vida y la salud física de las mujeres. Ante ello, el cardenal Juan Luis Cipriani, líder del sector más conservador de la Iglesia Católica en el Perú, mostró su férrea oposición argumentando que esto iba contra la voluntad divina y que el aborto era una acción demoníaca. Lamentablemente, este pensamiento tiene mucho arraigo en la sociedad peruana.
Como señala la FIDH, es necesario que la sociedad tome conciencia que la criminalización del aborto afecta el derecho a la salud y la vida de las mujeres, ya que "limita o inhabilita su derecho a decidir sobre su cuerpo" y disuade a las interesadas de recurrir a esa práctica incluso en los casos previstos por la ley, al conllevar restricciones en el procedimiento.
"Las sanciones penales impuestas en caso de aborto clandestino acentúan la victimización de mujeres que se encuentran en situaciones intolerables. En conformidad con las exigencias de las Naciones Unidas, estas leyes insensatas deben ser inmediatamente derogadas", agregó.
Según cifras de Manuela Ramos, en nuestro país se llevan a cabo más de 370,000 abortos inseguros por año.
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