(Fotos: Raúl García)
De todos los males peruanos, la impunidad por los crímenes cometidos durante los años de violencia interna (y después, y hoy) es uno de los más corrosivos, los más insidiosos y los más terribles. No solo impide cualquier proceso de reconciliación, sino que corrompe a diario las instituciones y los vínculos ciudadanos, y nos hace peores como país a cada momento. Y lo hace sin que la mayoría de peruanos, concentrados siempre en otra cosa, parezcan darse cuenta. Es una acumulación de cortes y navajazos sobre el cuerpo social que hace doblemente víctimas a las víctimas, multiplica sin fin el dolor de sus deudos (víctimas ellos también) y hace imposible el ya de por sí difícil cierre de nuestras heridas.

Ayer, las organizaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos convocaron a un plantón frente al Palacio de Justicia para protestar contra las dilaciones, retrocesos y limpiezas que desde ese poder del estado se hace en los casos en proceso. Como dijeron los organizadores en un video difundido para llamar a los ciudadanos a participar del plantón, la impunidad sigue matando en un país que ya tiene muchas muertes en su memoria reciente, y en su hora actual también.

De 200 juicios por violación de derechos humanos, menos de 20 ha resltado en condenas. En la mayoría de los casos, los responsables fueron absueltos o se archivó definitivamente su caso. E incluso aquellos que sí reciben condena, son liberados luego, y pronto, en base a maniobras legales.

En el Perú, muchas voces oficiales y poderosas se alzan para denunciar una supuesta "guerra" contra los militares y policías que participaron en la defensa del estado en los años 80, pero lo cierto es que aquellos miembros de los cuerpos armados que cometieron crímenes en el proceso, y mucho más aún los responsables de una política de estado que incluyó torturas, asesinatos extrajudiciales, masacres de pueblos enteros e indefensos, escuadrones de la muerte y muchos horrores más, continúan en general libres de responsabilidad.

La protesta de ayer fue motivada por la reciente decisión del PJ de volver a fojas cero el juicio por el crimen de lesa humanidad contra los integrantes del Comando Rodrigo Franco (incluyendo el exministro del interior, Agustín Mantilla), organización paramilitar activa durante el primer gobierno aprista y responsable, entre otros crímenes, del asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní.
También protestaron por la decisión, tomada a finales de octubre, de denegar el pedido de recusación presentado por los abogados de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos contra el juez Javier Villa Stein en la causa contra el ex presidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión.
Los manifestantes llevaron 60 lágrimas fúnebres al Palacio de Justicia y luego caminaron hasta "El Ojo que Llora".

Esta es una lucha que nos compete a todos, pues la tragedia de la historia peruana reciente es nuestra tragedia colectiva y la impunidad nos hiere también. No habrá paz mientras no haya justicia.





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