La extracción de madera a gran escala genera una vasta destrucción ambiental y fragmentación social en los bosques tropicales a nivel mundial. La tala industrial, legal o ilegal, degrada extensas áreas de bosques, y a su vez, ejerce violencia y amenazas sobre las poblaciones que dependen de éstos. Esa madera, que en su gran mayoría es extraída de forma ‘selectiva’, es la que termina en los principales mercados del mundo, como los de Estados Unidos, Europa y China. 

Sin embargo, hay temas claves que resaltar con la tala ilegal. Esta conlleva, además, la casi extinción de especies altamente vulnerables y cuya tala está prohibida, como el cedro y la caoba, en territorios indígenas y áreas protegidas, así como la explotación, el trabajo forzoso y la subyugación de poblaciones indígenas, con total impunidad. Los territorios indígenas en su gran mayoría son la cuna de especies maderables con alto valor comercial, convirtiéndose por tanto en el blanco de la industria maderera.

Ley forestal de pantalla

Uno de los pilares de la política forestal en el Perú desde el año 2000 fue la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, cuyo objetivo principal, especificado en su artículo primero, era el de establecer un marco para el “uso sustentable y conservación de los recursos forestales”. Esta ley, que estableció el actual sistema de concesiones para la explotación forestal, fue reforzada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2009. El acuerdo incluye un anexo que tiene entre sus objetivos el fomentar la madera proveniente del ‘Manejo Sostenible de los Bosques’. 

En julio del 2011, una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue aprobada, pero aún no se ha adoptado debido al retraso en los reglamentos para su implementación. La nueva norma, sin embargo, mantiene el mismo sistema de concesiones para la extracción de madera y las versiones borrador del reglamento anuncian la promoción de la inversión forestal con reglas claras para el ‘manejo sustentable’.

El 68.3% de todas las concesiones supervisadas por las autoridades está bajo sospecha de haber cometido violaciones graves a la ley.

Las corporaciones cómplices de lo ilegal

De acuerdo con una investigación del 2012 de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por su sigla en inglés), entre 35% y 45% de los grandes conglomerados madereros en el Perú orientados a la exportación dependen de fuentes de extracción ilegales. El estudio rastreó el traslado desde el país de 112 embarques de madera ilegal de cedro y caoba, importados por empresas en Estados Unidos. Setenta de los 112 embarques rastreados procedían de la sucursal peruana de la corporación Maderera Bozovich. Según registros del Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el 2006, esta empresa controló el 34% de las exportaciones de cedro, siendo Estados Unidos, México y Puerto Rico los países de destino en ese orden. 

Datos más actuales contenidos en el informe del EIA agrupan en un cuadro comparativo a las empresas que del 2008 al 2010 exportaron madera incumpliendo las normas legales. Aquí sobresale nuevamente Bozovich. 

Así, según World Rainforest Movement, cada vez está más claro que, a pesar de reformas en las leyes, normas y tratados, las actividades de extracción de madera en la Amazonia –sea con o sin planes de manejo y con o sin la documentación legal– están lejos de ser ‘sustentables’ para con sus bosques y sus poblaciones. 

Es más, un estudio publicado en la revista Scientific Reports demuestra, al analizar información oficial del gobierno, que el 68.3% de todas las concesiones supervisadas por las autoridades está bajo sospecha de haber cometido violaciones graves a la ley. La naturaleza de éstas indica que los permisos asociados con las concesiones legales son utilizados para cortar árboles en áreas no autorizadas, amenazando así aún más extensiones de bosques tropicales, incluyendo territorios indígenas y áreas protegidas.  

El sistema económico global estimula a las industrias madereras a intervenir en cualquier territorio que cuente con las especies maderables que sean rentables para sus bolsillos.

Servidumbre indígena

El talador que entra a las áreas ‘ilegales’, sin embargo, no es el problema. En el Perú, el caso más grave de trabajo forzoso es con los pueblos indígenas de la Amazonia en la tala ilegal de la madera. Un número importante de madereros sigue utilizando el sistema de ‘habilitación-enganche’, el cual se basa en el anticipo de dinero o bienes a los trabajadores madereros con el objetivo de incorporarlos a las labores de extracción de la madera. 

Esta modalidad de reclutamiento de trabajadores conduce a un sistema de peonaje o servidumbre por deudas. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo con una serie de entrevistas a dirigentes indígenas, religiosos, trabajadores, funcionarios de instituciones estatales y miembros de diversas ONG locales, afirma que este sistema es “una de las peores formas de explotación y pérdida de libertad… Más aún, normalmente viene asociado al no pago de salarios, a la remuneración en especie, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo verdaderamente infrahumanas”. La deuda pendiente puede ser usada para “mantener a los nativos como peones por décadas o generaciones”.

Aquí vale recordar que nuestro presidente promulgó en julio pasado el ‘paquetazo ambiental’ (Ley Nº30230), que afecta directamente a los territorios indígenas al permitir que mediante procedimientos ‘especiales’ el Estado pueda entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran e ignorando los derechos de propiedad de sus propietarios legítimos. Es decir, se otorgarán una serie de licitaciones a favor de proyectos de gran envergadura, incluyendo a los monocultivos agroindustriales y forestales, la minería, y los hidrocarburos, entre otros. En Nueva York, durante la Cumbre del Cambio Climático, ya sabemos, Humala dijo otra cosa.

El documento 'La máquina lavadora, cómo el fraude y la corrupción en el Sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los Bosques del Perú', de EIA (2012), analiza el modo en que se viene desempeñando el sistema de concesiones forestales en el Perú, a través de 14 casos sistematizados y revisados. EIA denuncia que los mecanismos formales para aprovechar recursos maderables estarían sirviendo en el país para 'blanquear' madera de procedencia controversial o de procedencia ilegal.

Más allá de los debates sobre si la madera extraída es legal o ilegal, lo cierto es que el sistema económico global estimula a las industrias madereras a intervenir en cualquier territorio que cuente con las especies maderables que sean rentables para sus bolsillos. Al ser un negocio multimillonario –apunta World Rainforest Movement–, fuertes poderes privados y públicos buscan sacarle ganancias. Esto implica que, por vías legales o no y bajo planes de manejo ‘sustentables’ o no, los bosques de la Amazonia –incluidos los territorios indígenas, las reservas destinadas para los indígenas en aislamiento voluntario y las áreas naturales protegidas– están siendo aún más violentados. Son las grandes corporaciones las que manejan una red de extracción que busca satisfacer su acumulación de capital al vender –bajo sellos verdes y ‘sustentables’– la destrucción y devastación de los bosques en los mercados internacionales.

¿Tendremos más nativos peruanos asesinados por los madereros ilegales? ¿No hemos aprendido nada tras el asesinato de Edwin Chota?  Como vemos, no basta con decir que ahora sí se combatirá este delito de "manera efectiva", aquí hace falta un plan integral que dé prioridad a las poblaciones que habitan y viven de los bosques y se trabaje por un desarrollo sostenible, por un lado, y por el otro que se combata la tala ilegal no sólo haciendo operativos que atrapen a peones sino también que vayan al fondo, que se investigue a las empresas formales que utilizan esta modalidad delictiva, aun sabiendo que para lograr esa madera pueden hacer correr sangre.

(Foto portada: Inforegion)

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