Finalmente el debate que plantea la despenalización del aborto en casos de violación llegó hasta el Congreso de la República respaldado por 80 mil firmas. Con ello se hizo visible la necesidad de otorgar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos ante un embarazo producto de la violencia.
El proyecto fue sustentado por María Reyes, directora de la ONG Manuela Ramos, que junto a Promsex, Cladem y otras entidades, son promotoras de la propuesta, la misma que ha sido designada a las comisiones de Constitución y Reglamento, así como a la de Justicia y Derechos Humanos.
Este martes la primera etapa del debate se llevó ante el grupo de Constitución, presidido por el nacionalista Luis Llatas, donde se dio cuenta de la grave situación de la violencia sexual en el Perú y cómo una de sus consecuencias más devastadoras para las mujeres es el embarazo forzado. Para ello se contó un equipo legal y salubrista encargado de brindar todos los fundamentos legales y evidencias para entender el porqué de la importancia de modificar el Código Penal en su artículo 119, incluyendo en las excepciones de aborto no punible el aborto en casos de violación sexual.
Asimismo, el cambio dispondría la derogatoria de todas las disposiciones que se opongan a dicha excepción, como la contemplada en el artículo 120 del mismo código, en el que se consignan penas de hasta 3 meses para las mujeres que interrumpen su embarazo a causa de una violación sexual.
imagen de la sesión de la comisión de constitución. Foto: déjala decidir
Durante su sustentación Reyes señaló que penalizar la interrupción de un embarazo derivado de un acto de violencia es inconstitucional ya que "constituye una limitación desproporcional de los derechos de la mujer (…) En estos casos, frente al derecho a la vida del concebido se encuentra la dignidad de las mujeres; aquello que impide que sean tratados como objetos o que sean cosificadas".
Recordó también las posiciones que desde entes judiciales y constitucionales se han establecido en otros países. Explicó que en España, por ejemplo, se determinó que "obligar a las mujeres a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible".
"La Corte Constitucional Colombiana precisó que la penalización del aborto por violación es inconstitucional, pues constituye una intromisión de gran magnitud en el desarrollo de la personalidad y dignidad humana de las mujeres", apuntó también.
Mientras que la Corte Suprema de Argentina –país en el que este martes también se inició un debate en torno al aborto irrestricto-, ha señalado que no puede exigírsele a una mujer llevar hasta el final un embarazo que es consecuencia de “un ataque a sus derechos fundamentales”.
Sin embargo, y como era de esperarse, la posición contraria llegó desde las filas del fujimorismo con Martha Chávez y Luz Salgado a la cabeza. Es decir, el mismo grupo político que defiende la política de esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori, hoy pretende dárselas de moralista negando el derecho a las mujeres a decidir sobre la acción a tomar ante un caso de violación.
El debate continuará durante la próxima sesión de la Comisión y se espera que también llegue al grupo de trabajo presidido por Juan Carlos Eguren, de manera que en un plazo no muy largo pueda llegar hasta el Pleno del Congreso.
#ElDato En el Perú sólo es permitido el aborto terapéutico, en casos de que la vida de la madre esté en peligro, aunque la aprobación del reglamento para su ejecución llegó recién este año luego de nueve décadas de espera.
Con información de Promsex, Andina, Efe y Déjala Decidir
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