En julio pasado, el Congreso de la República aprobó el llamado "paquetazo ambiental", una serie de medidas planteadas con la intención de "reactivar la economía nacional". Como se ha anotado ampliamente, estas medidas traerían consecuencias negativas para la gestión ambiental y los derechos indígenas.
El título de la Ley 30230 señala que su objetivo es simplificar procedimientos y permisos para "promover y dinamizar" la inversión en el país. Uno de los temas que pasó desapercibido en su momento, sin embargo, es el relacionado al Título III, el cual establece "procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de los predios para proyectos de inversión pública y privada".
El problema con esta disposición es que no toma en cuenta las propiedades de hecho de las comunidades campesinas. Según el IV Censo Nacional Agropecuario, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. Tomando esto en cuenta, la omisión de la Ley 30230 pone en peligro a las tierras comunales, las cuales quedan expeditas para ser expropiadas a favor de los proyectos de inversión.
En el Artículo 37 de la Ley se indica que aquellos "procedimientos especiales para el saneamiento" se aplicarán en el "área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios". Es decir, esta medida se aplicará sin importar si se trata de tierras de comunidades campesinas.
Formulada de esta manera, la Ley 30230 está en abierto conflicto con la Constitución, la cual protege la identidad y las tierras de las comunidades. En su Artículo 88, la Carta Magna indica que "el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa". Además, el Artículo 89 agrega que "las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas", que "son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo". Y lo más importante: "la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono".
Si se llega a implementar la Ley 30230, las comunidades y pueblos indígenas corren el riesgo de perder sus tierras en una especie de "reforma agraria al revés", un proceso por el cual se expropian las tierras a los campesinos y nativos para dedicarlas a "proyectos de inversión" a cargo de la gran empresa privada o el Estado.
Como ha señalado Richard Smith, del Instituto del Bien Común, en declaraciones a RPP, "está bien que limpien el camino para las inversiones, pero no pueden hacerlo quitando las chacras. El problema es que no hay ninguna excepción".
Por el momento, las organizaciones sociales e indígenas se están movilizando para ejercer presión en contra de esta medida. Como señala Iván Lanegra, Defensor Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, la solución política sería que el Poder Ejecutivo emita un pronunciamiento público "en el cual señale expresamente que la indicada Ley no será interpretada de modo tal que implique la modificación del régimen de propiedad comunal ni ningún otro derecho indígena". A ello debemos agregar que, por la vía legal, las organizaciones indígenas o quienes se sientan afectados pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad o un proceso de amparo ante el TC.
Esperemos que los grandes proyectos de inversión no pasen por encima de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades.
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