El general (r) Augusto Soto Castañola, alto comisionado para la interdicción y formalización minera, anunció que en los próximos días se emitiría un paquete de normas para agilizar el proceso de formalización de los mineros que deseen acceder a los beneficios de la legalidad. Soto Castañeda declaró que zonas como Madre de Dios, Puno, Chala y Caravelí son íconos de la minería ilegal "por su aversión al cambio", pero que, por medio de la comisión multisectorial de carácter permanente que preside la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se flexibilizarán algunos de los requisitos en los que los mineros que iniciaron el trámite se habían entrampado. 

Hay que recordar que este anuncio aparece en un contexto en el que desde marzo de este año, cuando la PCM se vio obligada a negociar con las federaciones mineras a raíz de la Marcha Minera de los Cuatro Suyos, más allá de los operativos de interdicción, no se han reportado mesas de diálogo ni con los líderes ni las bases mineras. Así, este nuevo paquete de normas se emitirá sin haber sido previamente consultado con las personas y empresas a las que está orientado. 

Por otra parte, esta supuesta flexibilización de los requisitos para la formalización aparecerá pocas semanas después que se hiciera pública la propuesta del Ejecutivo de endurecer las sanciones hasta con 10 años de cárcel a los concesionarios mineros que faciliten o se beneficien directamente de las actividades de mineros que operan ilegalmente en sus concesiones. 

Finalmente, son puntos muy específicos de los cinco pasos del proceso de formalización los que han formado cuellos de botella. El principal, la autorización del uso superficial de la tierra. Actualmente los derechos mineros se encuentran superpuestos con otros derecho habientes: concesiones con orientación forestal, comunidades campesinas o nativas, o titulares de predios agrícolas que se niegan a permitirles el acceso al uso superficial de sus terrenos. Este estancamiento no solamente apunta a la necesidad de resolver los conflictos entre mineros y otros concesionarios del suelo, sino a plantear una verdadera zonificación ecológica y económica en las regiones. Y éste es uno de los puntos en los que ha fallado el proceso de descentralización, que no dotó a los gobiernos regionales con las facultades legislativas, los recursos ni el personal necesario para realizarlo. 

En una entrevista realizada recientemente por LaMula.pe, el ex–premier y ex presidente regional de San Martín, César Villanueva declaró que si hasta ahora el proceso de formalización minera había fracasado fue, entre otras razones, porque no se habían fortalecido las Direcciones Regionales de Minería y, por el contrario, se habían abierto ventanillas únicas –conjuntos de instituciones del Estado responsables e involucradas necesariamente con el proceso de formalización– sin competencias reales para resolver problemas en el terreno y que actuaron como meras mesas de partes para la recepción de los documentos. 

"La interdicción no funciona. No es sostenible, genera riesgos, y tendría que ser focalizada y no generalizada", declaró Villanueva. 

El ex–premier, por otra parte, incidió en la necesidad de diversificar la economía para hacer frente a la minería ilegal en lugares como Madre de Dios, cuya economía depende en gran medida de las actividades mineras. "Es lo que funcionó en San Martín con el narcotráfico". 

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