Entre la última semana de julio y la primera de agosto pasados, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, despidió del Ministerio Público a 43 fiscales provisionales de la región Áncash, varios de ellos considerados “archivadores” de casos de corrupción que comprometían al propio presidente regional César Álvarez y a su entorno.  

Fue una medida dramática, inusual en la Fiscalía de la Nación dada la tendencia a la inacción y la desidia en esta institución cuando se trataba de César Álvarez y compañía. Pero a fin de cuentas una decisión saludada por los ancashinos y por el propio presidente de la “Comisión Áncash” en el Congreso, Mesías Guevara Amasifuén.

De pronto, algunos han reaparecido. Ramos, que los había dejado fuera de la Fiscalía con resoluciones en las que estampó su firma y sello, volvió a coger la pluma para dar marcha atrás y rubricar el retorno al Ministerio Público de un grupo de ellos. Eso sí, lejos de Áncash.

La decisión de Ramos dejó boquiabiertos a los presidentes de las juntas del Santa y de Áncash (Huaraz), los fiscales superiores Nancy Moreno y Marco de la Cruz, respectivamente.

Ellos habían encabezado las comisiones que en sus correspondientes jurisdicciones evaluaron a las decenas de fiscales provisionales, y luego elaborado dos listas de 18 y 25 “prescindibles”, respectivamente.

“A estos no los quiero ni los necesito”, fue lo que, en pocas palabras, le dijeron a Ramos, por separado, Moreno y De la Cruz, a través de nutridos y sustentados informes. El fiscal de la Nación tomó nota y les hizo caso: mandó a todos a sus casas.

Pero como quien da un paso adelante y dos atrás, Carlos Ramos Heredia ha empezado a nombrar, otra vez, a algunos de los que él mismo sacó de la Fiscalía. Ni la fiscal superior Nancy Moreno y su colega Marco de la Cruz se lo explican.

El 8 de abril pasado, tres semanas después del asesinato de Ezequiel Nolasco, en Huacho, quien entonces era fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, declaró en estado de emergencia las fiscalías de El Santa y Áncash (Huaraz) como una forma de evitar que el cúmulo de denuncias que empezaban a surgir en esa región tras el crimen rebalsara y se precipitara sobre su propio despacho, que en los últimos años había caído en la inacción y la desidia cuando de los asuntos que emanaban fetidez en la zona se trataba, léase La Centralita, los crímenes políticos o los casos de corrupción que corroían al gobierno de Álvarez.

En el mismo acto, Peláez conminó a las cabezas del Ministerio Público en Áncash a que evalúen “la permanencia y continuidad” de todos los fiscales que trabajaban en dicha región. No obstante la necesidad de empezar a limpiar la Fiscalía en la región que gobernaba Álvarez, Peláez parecía querer tener en manos una lista de fiscales cuestionados por “archivadores”, para tener, así, algo que mostrar.

Y entonces, las autoridades de Huaraz y del Santa se pusieron a trabajar en ello. Gustosos, como es de suponerse.

Tanto en Huaraz como en El Santa se formaron dos comisiones de cuatro integrantes cada una. La de Huaraz la presidía quien era, a su vez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, Marco de la Cruz Espejo; y la del Santa, la encabezaba por su par, Nancy Moreno Rivera.

Entre la primera y la segunda semana de junio, ambas comisiones presentaron sus resultados y le remitieron a Ramos Heredia dos listas, de 18 y 25 fiscales que ya no debían seguir laborando más en la Fiscalía, dado que en la evaluación por conducta funcional, quejas y denuncias, producción fiscal y asistencia y puntualidad habían dejado mucho que desear.

En las dos listas había varios a quienes la comunidad ancashina consideraba “fiscales archivadores”, por su inclinación a no investigar nada y archivar, y “fiscales comandos”, por su presunta tendencia a resolver a favor de los intereses de César Álvarez y sus allegados.

Por ello, al final de sus respectivos documentos los dos presidentes de las juntas de fiscales le pidieron al fiscal de la Nación la “no permanencia” de ese amplio grupo de evaluados.

Ramos recogió el clamor. El 26 de julio publicó en El Peruano la Resolución de Fiscalía de la Nación No 2952-2014-MP-PJFS-DF-SANTA, que daba “por concluida la designación de los magistrados” de la lista de Nancy Moreno, que sumaban 18.

Y el 5 de agosto apareció en el diario oficial la Resolución 3036-2014-MP-FN-ANCASH, que decidía lo mismo sobre los 25 de la lista de De la Cruz, en Huaraz. Eran, en total, 43 los fiscales que quedaban fuera de la institución. Un remezón en esa región. Algo nunca visto.

Pero esa buena sensación duró poco. Muy poco. El 15 de agosto, solo diez días después de haber firmado la Resolución 3036, Ramos Heredia suscribía otra, la Resolución 3307, para nombrar como fiscales provinciales provisionales de Lauricocha, en Huánuco, a los abogados Julia Carolina Quiñones Torres y Kenny Frank Vásquez Osorio.  

Eran dos de los 25 que habían salido de Huaraz. Eran fiscales anticorrupción, nada menos.

Según el informe que le envió el fiscal superior Marco de la Cruz Espejo a Ramos Heredia, Vásquez Osorio registraba tres quejas por irregularidades en el ejercicio de sus funciones y una denuncia por abuso de autoridad.

Además, había perdido parte de un expediente y tenía varios más sin resolver dentro de los plazos establecidos. “Ha frustrado tres diligencias”, decía el informe, y precisaba que ello había “generado un enorme descrédito y perjuicio a la institución”.

Ello no fue impedimento para que juramentara en su nuevo puesto, en Huánuco, el 20 de agosto pasado, en un acto publicitado por la web del Ministerio Público. En su foto, este fiscal aparece juramentando ante un crucifijo, mano izquierda levantada.

Su colega Julia Quiñones Torres, de acuerdo al informe referido, también contaba con cuatro quejas y su producción era motivo de quejas. El documento reporta que esta fiscal frustró tres diligencias, lo que generó “un enorme descrédito y perjuicio a la institución”.

“Si el fiscal de la Nación acepta un informe es por algo, pero a los pocos días los designan otra vez. Esto es una tremenda incoherencia, así lo considero yo. Se les sacó por una causal, sin embargo, a esos mismos fiscales que se les sacó por causal, ahora se les vuelve a nombrar”, dijo para este informe el fiscal superior Marco de la Cruz, autor del lapidario informe.

En el Santa también ha ocurrido lo mismo con tres de los fiscales que fueron “despedidos” a pedido de la fiscal superior Nancy Moreno. Esta magistrada también mostró su sorpresa en diálogo con La Mula.

Los tres fiscales provisionales que Ramos Heredia ha vuelto a nombrar –después de haberlos retirado, él mismo, de Áncash– son Jorge Luis Chávez Támariz, quien ahora está destacado en Huánuco; Haydee Marleni Martínez Centeno, designada hoy en Maynas; y Blnca Flor Hernández Almeyda, nombrada en un despacho en Ica.

¿Qué opinaría ahora, de estas idas y vueltas, el presidente de la Comisión Áncash, el congresista Mesías Guevara?

Pero, sobre todo, y principalmente, ¿cómo explica el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, estos tiras y afloja en los esfuerzos anticorrupción que se hacen dentro del tan cuestionado Ministerio Público?

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