Ahora mismo, no. Sin embargo, –y esta es una opinión personal– algunos de estos correos sí revelan ciertas conductas antiéticas, por lo menos. Y en algunos casos, podrían demandar la necesidad de abrir algún tipo de investigación penal, porque hay información indiciaria. Es decir, que una persona solicite a una autoridad que tome una decisión respecto de algo que la va a favorecer, y esta autoridad toma esa decisión en función a ese pedido, podría revelar la comisión de un delito de patrocinio ilegal.

Esos correos merecen que se abra una investigación para ver si tienen o no contenido penal

Hay una conducta antitética cuando alguien sostiene o piensa equivocadamente que un privado puede tomar decisiones que atañen al interés público. Allí hay una equivocación severa que quiebra el límite entre lo público y lo privado. Los correos que se han revelado hasta ahora muestran por lo menos a un funcionario con esa confusión bastante arraigada en su pensamiento sobre la administración pública.

Si es que se logra demostrar que hay una relación causal entre la acción que toma el funcionario respecto del pedido del particular, y hay un interés indebido de esta persona para favorecerlo. Eso supondría que no exista un informe técnico, y que la decisión obedezca exclusivamente a un patrocinio ilegal. Si es que hubiese algún tipo de contenido de otro ilícito, por ejemplo, tráfico de influencias, un sujeto tendría que jactarse de tener influencia sobre algún funcionario con capacidad de decisión. Pero ese sujeto tiene que recibir del funcionario algo a cambio, una contraprestación, sino el tipo penal no se perfecciona. En el caso de los correos de Cornejo no hay suficientes elementos de certeza para comprobar que ese sujeto recibió algún tipo de contraprestación. 

La existencia de una carrera pública podría relevar a los funcionarios de esta endogamia. Su inexistencia, por otra parte,  tiene el efecto de excluir a cierta gente de la comunicación con el cogollo de personas que toman decisiones. Se tiene que apostar por ellas. Desde hace mucho tiempo hay una serie de debates en el parlamento sin que se llegue a ninguna conclusión contundente. Sin embargo, las carreras públicas no solucionan todo, y no excluyen que determinadas comunicaciones, documentos y relaciones entre funcionarios y entre funcionarios y privados, sean publicados. Hacia el futuro, [la publicación de estas comunicaciones] marcaría un espacio en el que el ciudadano pueda conocer de qué manera se toman decisiones y cuáles son los parámetros con los que se hacen políticas públicas.

Hemos avanzado respecto de algunas barreras en torno a la transparencia de la información pública. Algunas administraciones ya tienen registros de visitas, publican las agendas de los funcionarios de alto nivel en sus páginas web y en portales de transparencia. No se trata de algo nuevo, es una discusión bastante vieja. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Obama tiene abierto el buzón de su correo oficial. Correos enviados y correos recibidos. Cualquier ciudadano puede acceder a él. Eso es lo que reclamamos. Si no hacemos públicas las comunicaciones que tienen los ministros a través del correo electrónico, se deja aquel espacio a las personas que no quieren ser registradas en los cuadernos de visitas. Y no estamos hablando sobre los correos electrónicos en general. Nuevamente, hablamos sobre los correos electrónicos que tengan contenido público. Hacia eso apuntamos.

Y también hay una ley de lobbies, que lamentablemente no se respeta. Una de sus condiciones es que exista un registro de lobbistas. Hasta hace muy poco no había ni cinco inscritos. Imagínate la cantidad de empresas que tienen a empleados presentes en los plenos del Congreso. Yo lo he visto cuando era asesor del parlamento, y el pleno, en los días de sesión, estaba lleno de gente que no tenía nada que ver ni con las bancadas ni con los congresistas. ¿Quiénes eran? Eran representantes de empresas privadas que estaban atendiendo a las decisiones que en ese momento se estaban tomando. Pero, ¿acaso esas personas están registradas públicamente, en un registro al que pueda tener acceso cualquier ciudadano? No. Ese es el límite entre una gestión de intereses legal y la captura del Estado.

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