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Inteligencia militar

En operativo de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, autoridades confundieron un centro poblado con un campamento minero. Incendiaron todo.

Publicado: 2014-07-24

Este es uno de esos casos que hacen que la expresión  'inteligencia militar' se convierta en un oxímoron. 

El 8 de julio pasado se realizó un operativo dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, específicamente en las riberas del río Malinowski. La orden era atacar a mineros ilegales operando en un campamento clandestino. El resultado: un pueblo arrasado.

Los comandados por el alto comisionado en asuntos de formalización minera e interdicción de la minería ilegal, el general (r) Augusto Soto Castañola, incendiaron las viviendas y destruyeron los enseres de las familias del centro poblado de Malinowski, cuyo asentamiento en la zona se legitimó mediante escritura pública el 20 de febrero de 1987, y que fue reconocido centro poblado de la municipalidad distrital de Inambari el 4 de junio de 2003. 

En el centro poblado Malinowski, agricultores, mineros, transportistas y comerciantes viven desde hace casi 30 años. Más de una década antes que la Reserva Nacional del Tambopata (RNT). 

Esta es la segunda vez que sufren una interdicción.

La historia del C.P Malinowski


En Malinowski funcionan dos asociaciones mineras, las más antiguas de Madre de Dios: la Asociación de Mineros Artesanales Tauro Fátima de Malinowski (AMATAF)  y la Asociación de Productores Agrarios y Lavadores Artesanales de Oro de Malinowski (APAYLOM). 

Según el libro Madre de Dios: ¿podemos evitar la tragedia?, publicado recientemente por Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), los mineros intervenidos habían presentado documentos al Estado para que se les reconociera derechos adquiridos desde tiempo atrás. En uno de los testimonios que recoge Valencia, Norma Revoredo, ex funcionaria de la RNT, afirma que: "[los mineros] están allí desde hace más de 20 años. La reserva tiene 10 u 11 años nada más de creada".

De todos los mineros de Madre de Dios, los de las asociaciones AMATAF y APAYLOM eran los que más probabilidades habían tenido de formalizarse hasta que en 2012 la PCM emitió el paquete de decretos para la formalización minera –un proceso que en Madre de Dios ha fracasado– y la interdicción de la minería ilegal. Fueron esas normas las que empujaron a los mineros de AMATAF y APAYLOM hacia la ilegalidad. Como explica una funcionaria de WWF en uno de los testimonios presentados por Valencia en su libro:

[AMATAF y APAYLON] ya tenían alguna experiencia o acercamiento con el uso de tecnologías limpias [...] ya habían tenido un primer acercamiento con empresas que ofertaban ese tipo de equipos, como la mesa vibratoria

Según la misma Revoredo, las asociaciones de mineros interdictadas fueron clave para que la oleada de migrantes que llegó a la región durante la fiebre del oro de la década pasada no invadiera la RNT:

[...] estos mineros [AMATAF y APAYLOM] a la larga han servido de freno para que mineros ilegales que han entrado desde Huacamayo hacia la zona de amortiguamiento no entren a la reserva. Han sido un buffer muy fuerte. Mineros ellos mismos, pero sabiendo que están dentro de una reserva y que sí tienen interés en quedarse. Esa es su vida, ese es su trabajo. Ahí siempre van a tener una casa donde quedarse

Tenían casas donde quedarse, hasta que el operativo de Soto Castañola las incendió el 8 de julio. 

Ese día, a las diez y media de la mañana aterrizaron cuatro helicópteros de los que se apearon 70 agentes de la policía y el ejército, encabezados por Soto Castañola, y acompañados por varios fiscales medioambientales. 

Según informaron a LaMula.pe, las familias fueron sacadas de sus casas a empujones, insultados, amenazados con armas de fuego y con la cárcel, antes que los efectivos rociaran con petróleo las paredes de sus viviendas y les prendieran fuego con todo lo que contenían. 

Ni los fiscales ni el alto comisionado habrían permitido que les presentasen los documentos que demuestran que no se trataba de campamento de la minería ilegal sino de un centro poblado con más de 30 años de establecido.

Paradójicamente, la interdicción destruyó también mesas vibradoras, es decir, tecnologías limpias para la segregación del oro de la arena, que no utilizan mercurio, que los mineros de AMATAF habían adquirido. Junto con ellas, se quemó congeladoras, motos, muebles, enseres domésticos, cocinas y sistemas satelitales de TV, que se encontraban dentro a las casas. 

En un comunicado publicado ayer, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala:

independientemente de su actividad económica, todas las personas tienen derecho a la vivienda y a la propiedad, y resulta extremadamente grave que los representantes del estado llamados a tutelar estos derechos incurran en manifiestas vulneraciones de los mismos. Es además sumamente cuestionable la labor de los fiscales que han intervenido en esta operación, quienes como defensores de la legalidad tienen la obligación de actuar frente a las vulneraciones de derechos, en lugar de validar con su presencia el accionar abusivo de las fuerzas del orden.

Por su parte, la Federación Minera de Madre de Dios, Fedemin, interpondrá una demanda penal contra el general Soto Castañola y el fiscal superior coordinador nacional de las fiscalías en materia ambiental, el Dr. Juan Antonio Fernández Jerí. 


Las fotografías a continuación fueron tomadas por las personas afectadas por este operativo, y enviadas a la CNDDHH. 


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Escrito por

Gabriel Arriarán

Periodista.Interesado en temas de trata de personas, corrupción del Estado y minería informal.También en literatura y arte. @gabrielarriaran


Publicado en

Redacción mulera

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