Cuando Daniel Urresti pasó de ser Alto Comisionado en asuntos de la Formalización de la Minería a ministro del Interior, especialistas en temas de seguridad ciudadana cuestionaron la falta de experiencia de éste. Urresti es un militar retirado y fue cuestionado por su accionar en las interdicciones en Madre de Dios. Ante los cuestionamientos, respondió afirmando que "nadie estudia para ministro del Interior".

Sobre el tema, el Grupo Seguridad Ciudadana ha publicado un pronunciamiento en el que muestran su preocupación "por el deterioro incesante de la seguridad ciudadana y el desborde de la corrupción en el país", como afirma Fernando Rospigliosi, exministro y miembro del colectivo. A continuación, compartimos el comunicado:

LIDERAZGO Y VOLUNTAD POLÍTICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

La marea criminal en el país continúa y amenaza convertirse en una severa crisis de seguridad que ponga en jaque la gobernabilidad democrática. Mientras la sociedad resiente todas sus amenazadoras dimensiones, mucha de la clase política, el Estado, y el gobierno, parecen reproducir, de distintas maneras, el mismo comportamiento que tuvieron en otro tiempo frente al desafío terrorista. A pesar de ello, aún estamos a tiempo.

El nombramiento del nuevo Ministro del Interior, una persona severamente cuestionada por graves denuncias en materia de derechos humanos, su frenético activismo mediático, y las sucesivas y erráticas declaraciones en materia de seguridad ciudadana, así como las medidas que a trompicones ha ido anunciando en los días subsiguientes, lejos de brindarle tranquilidad a la ciudadanía, le han notificado que no parece haber ni cifras serias y confiables sobre todos los indicadores del fenómeno criminal, ni un diagnostico preciso, ni menos una estrategia y un rumbo claros, con objetivos meditados y metas cuantificables, dentro de una línea de tiempo mensurable.

El peor dato es la ligereza con la que se aborda el problema. Esta sugiere con mucha nitidez la ausencia de la voluntad política y del liderazgo competente indispensable para enfrentar el problema, no solo su percepción. Es verdad que han quedado atrás las sistemáticas declaraciones de funcionarios del gobierno señalando que la sociedad exageraba el fenómeno. Pero sigue en pie que este año la seguridad ciudadana es el principal problema de la agenda pública, según lo anotan varias empresas encuestadoras. Y que la sociedad peruana tiene la más alta percepción de inseguridad de toda América Latina, 48.6%, según al Informe Regional de Desarrollo Humano del 2013.

Esta percepción deriva de la experiencia cotidiana de la gente. Así en el referido informe se muestra cómo el Perú, junto con el Ecuador, tienen la tasa de victimización más alta de toda la región. Cifras corroboradas por las estadísticas oficiales de medición de delitos de la Policía Nacional; con base en ellas la organización especializada Ciudad Nuestra encontró que entre el año 2007 y el año 2013 hubo un incremento del 74% en el número de delitos por cada 100,000 habitantes. Y, según encuesta propia, la misma organización encontró en solo un año un incremento del 10% al 14% en los robos con arma de fuego.

Agréguese a esto un proceso de cambio de calidad en la actividad delictiva en el Perú, derivado del surgimiento estadísticamente significativo de delitos antes inexistentes. Entre el 2008 y el 2013 se habrían producido, según fuentes policiales, aproximadamente 900 asesinatos por sicariato. Las extorsiones, antes confinadas a una ciudad norteña, ahora se han extendido en varias regiones del país, incluyendo la capital, Lima. La Confederación Nacional de Comerciantes calcula en 50 millones de soles mensuales la cifra que pagan sus asociados por este concepto. Súmese, la recuperación para el Perú del lugar número 1 en el mundo como productor de cocaína; la tala ilegal de bosques; la depredadora minería ilegal; las mafias de chantaje y asesinato en la construcción civil; la trata de mujeres, niños y diversas formas de semiesclavitud en nuestro territorio.

La percepción de inseguridad de la gente se deriva de su experiencia cotidiana. Lo responsable es cambiar esa realidad. Atacar solo la percepción a través del activismo mediático es preparar un nuevo fiasco. De hecho, mientras se televisan aparatosos operativos en un lado, por otros continúan los ajustes de cuentas, los robos, las extorsiones, el pandillerismo y demás componentes de la marea criminal.

La marea criminal no se deriva del crecimiento económico, como se dijo para naturalizar el incremento delictivo como parte del progreso y nuevamente intentar evadir responsabilidades. Contrariamente a ello, el factor que parece explicar principalmente su incremento es el déficit institucional y el déficit ético del que adolece el Estado, que consolidan la corrupción y la impunidad como su modo usual de comportamiento. Y por ello la mejora radical de la calidad de las instituciones implicadas y el combate a la corrupción, que ahora se han minimizado, son parte medular de una estrategia. Necesitamos instituciones, no salvadores televisivos que las reemplacen. El país ya sabe cómo termina eso.

Si la respuesta estatal ante la actividad delictiva se está revelando claramente insuficiente, muchas veces la actividad opositora oscila entre la indignación sobreactuada y la enunciación de políticas populistas de mano dura que no han sido solución en ninguna parte del mundo. Al contrario, cuando se han aplicado lo han vuelto más grande e inmanejable. Así también se abdica de construir el liderazgo indispensable para lograr la seguridad ciudadana. La mayoría de las veces frente al crimen la sociedad peruana se encuentra sola, como lo sabe quien quiera que haya sufrido un delito.

Solo cuando la presión de la sociedad es insoportable para las autoridades –políticos, jueces, fiscales, policías, etc.- estas hacen su trabajo, confirmando que cuando no se ha hecho así ha sido por complicidad o complacencia, como lo vemos hoy en diversas regiones. Sin duda, hay excepciones.

Ante esta situación, quienes firmamos, nos constituimos como un grupo ciudadano que se esforzará por hacer el seguimiento acucioso de la crisis de la seguridad ciudadana, sensibilizar a las instituciones y la opinión pública sobre la gravedad de la situación y exigir a las autoridades cumplir con seriedad las responsabilidades que han asumido. Queremos impedir que la marea criminal avance y ponga en jaque la gobernabilidad democrática y el progreso económico del país.

Por todo ello, exigimos que las más altas autoridades sinceren las cifras de la criminalidad en el Perú, en el nivel de calidad estadística en que se encuentren y se deje de estar festinando porcentajes y números inventados para cada ocasión, en frente de los medios. Pedimos que en su mensaje a la Nación del 28 de julio próximo, el Presidente de respuesta a las inquietudes de los peruanos, exponiendo un estado veraz de la situación, junto con el rumbo y la estrategia con que habremos de lograr la seguridad ciudadana con gobernabilidad democrática.

En dicha estrategia urge declarar en reorganización a la Policía Nacional, sin duda depurarla, pero también fortalecer los mecanismos contra la corrupción interna, producir cambios significativos en la gestión de sus recursos, incentivar el profesionalismo y la evaluación del personal por resultados.

Urge, así mismo, distribuir y desplegar nuestros efectivos en las calles con una perspectiva comunitaria, en estrecha coordinación con los serenazgos, bajo el liderazgo real de los alcaldes, para combatir el crimen común usando mejor lo que ya tenemos. Para ello y otros propósitos igualmente importantes se debe eliminar el trabajo a medio tiempo de los policías, también conocido como 24 x 24.

Urge, adicionalmente, crear pequeñas unidades de élite para la inteligencia, investigación y combate eficaz al crimen organizado, que sean altamente selectivas en su composición, que privilegien la honradez y el profesionalismo de sus miembros, con recursos y tecnología suficientes, y que se premien sus resultados.

Urge, igualmente, rediseñar y fortalecer fiscalías y juzgados especiales para la investigación y la sanción penal del crimen organizado, los que deben ser dotados de personal calificado ética y profesionalmente y de recursos suficientes.

Urge, también, revisar los sistemas de incentivos para la colaboración eficaz y otras formas de captación rápida de información relevante para combatir a las organizaciones criminales y dotar de recursos adecuados para proteger a víctimas, informantes y testigos.

Urge, además, la construcción de más penales que hagan posible una efectiva clasificación de los presos, aislando a los incorregibles. Asimismo, aplicar medidas alternativas a la prisión para delitos menores.

Urge, en fin, un amplio plan nacional de prevención de la delincuencia principalmente dirigido a los jóvenes en estado vulnerable; plan conducido, financiado, y evaluado por el estado central e implementado en alianza con los municipios.

Por último, pero no por ello menos importante, urge colocar para liderar todo esto a una persona libre de toda sospecha, que pueda combatir la corrupción, la verdaderamente importante, con libertad de acción, sin tener rabo de paja ni ser víctima de su pasado. Urge, por ello, licenciar al actual ministro del interior como lo han pedido diversas instituciones y personas.

Todas las medidas anteriores y otras más se pueden realizar en un plazo razonable e hilvanarse con una estrategia de mediano y largo plazo, si es que hay liderazgo político con rumbo claro, que piense de verdad en el Perú y en las necesidades de su gente. Urge dotarnos de todo ello. Urge.

Notas relacionadas:

Señor Urresti, no vale confundir.

Renuncia asesor de Urresti vinculado con caso La Cantuta.

El Comercio prefiere a Urresti.