Esta semana se presentó el decimocuarto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, correspondiente al primer semestre de este año. Uno de los conflictos más relevantes que destaca es el de los mineros informales y la organización denominada Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar del nuevo decreto supremo que se promulgó el 20 de abril, por el cual el gobierno ha puesto en marcha la llamada etapa de saneamiento; lo cierto es que los problemas estructurales que han minado hasta ahora el proceso de formalización minera se mantienen y plazos más o menos flexibles no garantizan mayor efectividad (la nueva estrategia tiene como objetivo final el año 2016).

Otra de las particularidades es la reducción del número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido. “Estamos en una coyuntura en la que los conflictos han bajado en número pero también han bajado en intensidad. ¿Es un descenso coyuntural, es una tendencia que se va a afirmar? Creemos que las bases objetivas que explicaban los conflictos continúan y con las medidas aprobadas recientemente se ahondan. Proyectamos que habrá rebrotes de los conflictos”, José de Echave, director de CooperAcción, a LaMula.pe.

“Lo que hay ahorita es un desplazamiento geográfico de la conflictividad social en el país, sobre todo vinculada a la minería e hidrocarburos. Se está trasladando al sur. Así, tenemos que Apurímac –que antes no aparecía en los mapas de conflictos– se ha convertido en la región número 1 en cuanto a conflictos y es que ahora es una región con fondos de inversión en minería. Hay que subrayar que el sur andino concentra más del 50% de la cartera de los nuevos proyectos mineros", explica.

En efecto, la balanza ha girado hacia el sur andino: Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna concentran algo más del 35% de los conflictos sociales que se producen en el país. "Entre las principales causas de conflictos destacan temas vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y autoridades nacionales, el uso de tierras sin autorización y la creciente actividad minera informal", detalla.

De hecho, Apurímac aparece con la mayor cantidad de controversias producto de la afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por empresas y autoridades nacionales, y además por el uso de tierras sin la autorización debida. Aquí importará mucho el desenvolvimiento del proyecto cuprífero Las Bambas.

En Puno las minerías informal y artesanal siguen impactando negativamente los ríos Suches y Ramis. La mediana y gran minería también son criticadas. En Cusco el problema socioambiental con la mina Tintaya no está solucionado, y el proyecto Antapaccay está también en la mira. En Arequipa, el relanzamiento de Tía María preocupa, al igual que la puesta en marcha de Quellaveco en Moquegua. En el resto del país, los conflictos, aunque bajaron en intensidad, se mantienen.

El especialista considera que este supuesto rezago de los conflictos también obedece a las elecciones regionales del 5 de octubre, y que el resurgimiento de los conflictos dependería de quiénes ganen. "Debemos tener en cuenta que estamos en un escenario electoral, y los conflictos se están 'electoralizando', lo que no es nuevo. Es decir, los actores centrales de los conflictos –no solamente los locales y poblaciones, sino también las empresas– ven en el escenario electoral un espacio para mejorar sus condiciones, expresarse sus demandas, propuestas y proyectos. Las empresas buscan autoridades más amigables, en tanto que las poblaciones, más poder, mayor espacio", señala.

#PaqueteCastilla

¿El Estado no ha aprendido nada del Baguazo? Esta interrogante tiene asidero luego de la promulgación del Paquete Económico Ambiental que encendería las alarmas en materia de protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas. "Esta medida recuerda los decretos legislativos que desencadenaron el 'Baguazo'. El paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años”, advierte.  

En este punto, cabe resaltar que mientras aquí el gobierno y quienes apoyaron el paquete lo justifican como necesario para el crecimiento de las inversiones y la desaceleración de la economía peruana, organizaciones internacionales han expresado sus críticas al régimen –incluso se lo hicieron saber al presidente Ollanta Humala durante su estancia en Alemania–. Medios internacionales como The Associated Press y The Washington Post han resaltado que las medias económicas debilitan las protecciones ambientales del Perú.

Puedes leer aquí el informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú