Al parecer los partidos políticos peruanos no han seleccionado con acuciosidad a sus candidatos. Hoy, el diario, La República publica interesantes datos que la Asociación Civil Transparencia ha encontrado sobre los candidatos a presidencias regionales. El hecho más grave es que tres candidatos tiene orden de prisión efectiva. Estos son: Juan Calderón, en Áncash; Klever Meléndez, en Pasco; y Gregorio Santos, en Cajamarca.

Además, el primer informe de Transparencia da cuenta de las sentencias condenatorias que tienen algunos postulantes. Entre ellos resaltan el candidato a la presidencia regional de Tacna, Héctor Maquera (PPC), quien fue condenado a nueve años de prisión por participar en el “Andahuaylazo”, donde murieron 5 policías, a manos de etnocaceristas liderados por Antauro Humala. El pepecista no consigna está información en su hoja de vida. 

Otros candidatos de la misma jurisdicción como Nestor Pari (Somos Perú) y Jorge Castro (Movimiento Regional Desarrollo para Tacna) han sido sentenciados por los delitos de receptación (es decir recibir bienes de procedencia delictiva) y contra el honor, respectivamente.

En Ayacucho también hay un candidato relacionado con la toma de la comisaría de Andahuaylas. Se trata de Richard Ortega (Movimiento Etnocacerista Peruano) sentenciado por el delito de desobedencia. Cabe mencionar que el candidato sí declaró esta información en su hoja de vida.

Por su parte, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, presenta como candidato a la presidencia regional de Junín a Cesar Combina. Según las investigaciones de Transparencia, el postulante declara residir tres años en la provincia de Chanchamayo pero a la vez señala haber laborado en el Congreso de la República del 2012 al 2014 en la oficina de participación ciudadana dependiente de la segunda vicepresidencia del Congreso,a cargo de Parlamento Joven.

Otros ejemplos resaltantes son Robison Rivadeneyra (Movimiento Político Regional UNIPOL) y Jaime Rodríguez (Kausachun), quien va por la reelección en Moquegua. El primero fue procesado por delitos de corrupción y colusión cuando fue presidente regional de Loreto. Por su parte, Rodríguez declaró anteriormente “haber robado, pero poco y repartiendo” durante su gestión (2007-2010).

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