Las organizaciones internacionales de derechos humanos CEJIL, DPLF y WOLA emitieron un comunicado en el que solicitan al presidente de la República, Ollanta Humala, destituya al actual ministro del Interior, Daniel Urresti, en tanto “se dilucida su responsabilidad penal” en el asesinato del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos.  

El comunicado exhorta al gobierno peruano a respetar la actuación del Poder Judicial en este caso, a fin de garantizar "la independencia en las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato” del mencionado periodista.

Al respecto, Jo-Marie Burt, senior fellow en WOLA, consideró que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

En tanto, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, recordó que “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

En la misma línea, Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, sostuvo que “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

En efecto, el comunicado recuerda que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce.

«La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad».

Pese a estos hechos ya el Poder Ejecutivo ha respaldado la permanencia de Urresti en el cargo y el mismo ministro del Interior ha descartado que vaya a renunciar. Habrá que esperar si el presidente Humala reflexiona y vira de posición.

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