En su editorial de hoy, titulado "Un paso adelante", La República dice: 

"La norma actualmente vigente, la Ley N° 23733, fue promulgada hace 30 años (...) (en medio de) un esquema nacido de la inspiración desreguladora de la Constitución de 1993 cuyo propósito central fue debilitar la educación pública. No sorprende por eso que la activa resistencia a la ley haya sido encabezada por el fujimorismo y por los parlamentarios dueños de las universidades creadas desde 1994 y por sus familiares o allegados a los que ayudaron a llegar al Parlamento."

Luego agrega: 

"Es una buena noticia la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Sucede lo mismo con las disposiciones sobre la elección de rectores y decanos por voto directo, secreto y universal." 

Y fnaliza: 

"La ley es un paso adelante, no el último ni el único; resuelve una parte de la compleja realidad universitaria que exige innovación, calidad y competitividad, desafíos descuidados cuando la educación universitaria dejó de ser un servicio público para convertirse en un objeto de lucro absoluto. (...)

El Comercio, por su parte titula su editorial de hoy de esta manera: "Ley universitaria, gobierno intervencionista." Y dice así: 

"Finalmente, para perjuicio del Perú, se aprobó la ley universitaria, quizás el proyecto de ley más intervencionista que ha pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Uno que, además, es inconstitucional, pues la Constitución establece de manera expresa que las universidades gozan de autonomía. (...) Todo esto se terminará con el nacimiento de la Superintendencia que manda crear la ley aprobada por el Parlamento. Y es que dicha Superintendencia tendría amplios poderes y mucha discreción para establecer quién puede dedicarse a la actividad universitaria y quién no, a qué reglas se sujetará la enseñanza, qué materias obligatorias deberán enseñarse, qué características debe tener la plana docente y la infraestructura de cada institución educativa, qué programas y carreras pueden crearse, entre otras atribuciones. Claramente, era necesaria una reforma. Pero de ninguna manera una de este tipo." 

Párrafos después, añade: 

"También sorprende sobremanera que el oficialismo haya escogido este preciso momento para aprobar una de las leyes más intervencionistas de las que hemos visto en años. Y es que, paralelamente, el gobierno está intentando contrarrestar la desaceleración económica con un paquete que busca reducir las regulaciones absurdas y controlistas, asegurando haber tomado conciencia de que gran parte de la menor velocidad con la que estamos creciendo es responsabilidad de la absurda burocracia que empantana las actividades privadas." 

En su editorial de ayer, Cómo arruinar universidades, El Comercio ya había manifestado en contra de la Ley aprobada por el Congreso, concluyendo con un ejemplo sorprendente: 

"(...) El proyecto propone crear una superintendencia todopoderosa que haga y deshaga como le venga en gana con las universidades. Para ejemplificar lo extensos que serían sus poderes, basta con decir que si se diseñaran instituciones similares para regular la gastronomía o la construcción, estas podrían dictarle a los restaurantes las recetas de los platos y a las constructoras los planos de los edificios."  

Hoy sábado, El Comercio toma las declaraciones de personajes como el exministro de salud y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Luis Solari: 

“Lo que quiere el Estado es una universidad políticamente arrodillada. Se perderá el sentido crítico, porque ya no podrán pronunciarse libremente y decir ‘esto está mal’, pues existiría el riesgo de que no se le renueve la licencia”

Raúl Diez Canseco, fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), indicó que el principal temor es que los cargos en la SUNEDU se politicen:

“Eso sí revestiría un peligro para la autonomía”. Y añadió: "Si bien la ley es drástica con aquellas instituciones que engañan y estafan a los jóvenes con títulos que no valen nada, es necesario que se afinen detalles del reglamento”.

En esto de la Ley Universitaria todo el mundo tiene algo para decir. Incluso Alberto Fujimori se permitió opinar desde su reclusión en la DIROES, a través de su cuenta de Twitter, en información que rebota Perú21:

El mismo Perú21 titula hoy en sus páginas interiores: "Nueva Ley Universitaria divide sectores políticos y académicos".  

Según el diario, Keiko Fujimori dice:

“La Ley Universitaria violenta y vulnera la autonomía de las universidades. Con esta ley, lamentablemente, se ve mellado el futuro de los jóvenes. Las universidades del país van a estar sometidas al capricho de los gobiernos de turno, van a estar sometidas al poder político".

Desde el PAP se levantó la voz de uno de sus principales voceros, Javier Velásquez Quesquén, que dijo a ese diario que su partido recolectará firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad de la ley que presentarían ante el Tribunal Constitucional para que “por lo menos se deroguen algunos puntos de la nueva ley, como la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu)”. 

Nadine Heredia, por su parte, opinó a través de su cuenta de Twitter: 

“El Partido Nacionalista Peruano respalda la Ley Universitaria y felicita al congresista Mora y a todos los actores que han hecho posible esta reforma”.

El Partido Nacionalista emitió un comunicado que elogio la creación de la Sunedu, entre otros aspectos: 

“La creación de la Sunedu no es una decisión de autoritarismo o estatismo. Al contrario, es la recuperación democrática del derecho a la educación de calidad y la garantía de una supervisión de la educación como servicio público porque el Estado ejerce y debe ejercer su rol rector en materia de educación y en especial de toda la educación superior”.

Perú 21 también recoge en la misma nota las declaraciones que el exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Salomón Lerner Febres, dio a la Agencia Andina:

“Resultaba necesario establecer nuevas normas para que, de alguna manera, se ordene la vida universitaria en el país”. Y consideró que la Sunedu es "una instancia pertinente" para que se controle la calidad universitaria, y que este organismo respeta la autonomía de cada casa de estudios superiores. 

El diario La República recoge declaraciones a favor de la nueva Ley, como por ejemplo las del exministro de educación Nicolás Lynch: 

“El hecho de que haya un ente regulador es una buena idea. La ANR es obsoleta, en todos los países del mundo hay organismos reguladores. Hubiera sido mejor que los miembros sean elegidos por los profesores. Aunque la ley no es perfecta sí representa avances significativos”.

Como se sabe, la ley se encuentra en la actualidad en Palacio de Gobierno para que el presidente Ollanta Humala la promulgue en un plazo de 15 días. Los estudiantes que ingresen a una universidad luego de esa fecha estarán bajo el nuevo régimen.

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