El general Daniel Urresti es el nuevo ministro del Interior en reemplazo del abogado Walter Albán. Este cambio ha provocado el rechazo de organizaciones de derechos humanos debido al antecedente de Urresti: Alto Comisionado para la Formalización de la Minería y encargado, por ello, de la coordinación y supervisión de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha emitido un pronunciamiento cuestionando su nombramiento:

PRONUNCIAMIENTO 

Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior

Ante los anunciados cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción y del Interior, la CNDDHH señala a la opinión pública lo siguiente:

1. Consideramos que los cambios gubernamentales planteados ad portas de la discusión del paquete de cambios normativos para la promoción de las inversiones y el crecimiento económico en el Congreso de la República están obviamente vinculados y que se está tomando decisiones que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias.

2. En ese sentido, cuestionamos la idoneidad de General EP (r) Daniel Urresti para asumir el cargo de Ministro del Interior, por cuanto durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios, y se ha desarrollado una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacificas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas.

3. El General EP (r) Daniel Urresti, además, ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos, conducta que coincide con la de sectores autoritarios del país.

4. En los próximos días la CNDDHH publicará el informe resultado de una misión de investigación que viajó a las zonas de interdicción en Madre de Dios durante el mes de junio sobre la situación de los derechos humanos en este contexto. La investigación nos ha permitido constatar la perpetración de graves violaciones de derechos humanos incluyendo:

la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro (Mazuko 7 de abril de 2014)

torturas y detenciones arbitrarias

allanamientos de viviendas

amenazas a periodistas

uso abusivo de la fuerza contra la población afectando a escolares, mujeres, personas de la tercera edad, así como a manifestantes que huían o protestaban pacíficamente.

La consecuencia de ello es que varias personas resultaron gravemente lesionadas, algunas estuvieron hospitalizadas, además de producirse diversas afectaciones de manera injustificada a la propiedad formal, dinamitando equipos paralizados de mineros que se encontraban en proceso de formalización y otros equipos no vinculados a la actividad minera como camionetas o canoas.

5. Por todo ello, consideramos que la réplica a nivel nacional de las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país.

6. Finalmente lamentamos la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior. Su gestión ha mantenido una vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil que son componentes imprescindibles en la lucha contra la inseguridad ciudadana y por una sociedad auténticamente democrática.

Por todo lo expresado, nos dirigimos al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, para comunicarle nuestra preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, ante la posibilidad de que esta nueva designación del General EP (r) Daniel Urresti pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza. Consideramos que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la protección de los ciudadanos peruanos, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil, en la búsqueda de un país más seguro y justo para todos los peruanos y peruanas.

23 de junio de 2014

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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