"Cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado", afirmaba hace dos días el gerente de Finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, Carlos Gálvez, a Semana Económica. Sin embargo -y desafortunadamente-, esta visión sobre la consulta previa no está tan alejada de la imagen que impera en el mundo empresarial, y no sólo en el Perú. Los ejemplos sobran. Si Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, indicaba en su momento que “en la sierra del Perú no existen comunidades indígenas”, el Director Ejecutivo de la Cámara Asomineros de Colombia, Eduardo Chaparro, afirmaba la semana pasada que el proceso de consulta previa se ha convertido en “un mecanismo para obstaculizar proyectos mineros y de hidrocarburos”.  

Tras el trágico 'Baguazo' ocurrido durante el gobierno de Alan García, finalmente se aprobó en 2011 la Ley N° 29785, "Ley del derecho a la Consulta Previa", un proceso que cabalga entre dos mundos: el estímulo estatal para fomentar las inversiones, y la demanda histórica de las comunidades indígenas y originarias a ser escuchadas.

Sin embargo, tres años después la asimetría entre estos dos mundos sigue. Y es que hasta ahora sólo se han llevado a cabo 6 consultas previas y, casualmente, ninguna vinculada a un proyecto minero. ¿A qué se debe esto?

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, señaló a LaMula.pe que "aún hay pendientes algunas normativas para saber en qué parte del proyecto minero debe hacerse la consulta previa: desde la concesión hasta el cierre de una mina". El adjunto espera que las tareas pendientes puedan definirse en corto plazo. "Ya hay anunciadas alrededor de 26 consultas y varias de ellas tienen que ver con proyectos hidrocarburíferos. Estamos en la fase de esfuerzo por consolidar la consulta. Tenemos marco normativo y 6 experiencias pero que todavía no han medido a fondo la consulta", señala.

Precisamente uno de los puntos más polémicos de la consulta previa, el artículo 7, dejó abierta la puerta para que las comunidades campesinas -que constituyen la mayoría de la población indígena nacional- sean consultadas. Ya en su momento, el presidente Ollanta Humala, en un intento por calmar las aguas ante las críticas del sector minero, dejó entrever que la consulta previa era únicamente para comunidades nativas de la selva y los pueblos no contactados.

Si uno analiza el discurso del gobierno, parece que su objetivo es claro: generar confianza en el empresariado. Las declaraciones del “alto comisionado” de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, Vladimiro Huaroc, no dejan lugar a dudas. La semana pasada, afirmó que se han resuelto 89 conflictos en los últimos 22 meses, lo que reactiva proyectos mineros por más de 26 mil millones de dólares.

¿Por qué esta manía de relacionar los conflictos sociales con una disminución en la inversión? Rolando Luque señala que, en muchos casos, “los proyectos no se quedan por los conflictos sociales, se quedan en el camino por la baja de los precios internacionales, por las dificultades que tienen de acceder a créditos en el sistema financiero internacional y porque hay una serie de trámites que son innecesarios o dilatorios para sacar adelante un proyecto”. Es más, considera que la consulta previa ayuda a prevenir conflictos sociales: "mientras existan más mecanismos para discurrir los problemas racionalmente en un espacio participativo, habrá menos casos de conflictos". Luque remarca además que "no bloquea las inversiones, al contrario respetar los derechos de los pueblos indígenas ayuda a que el proceso sea más legítimo".

Por ahora, la Base de Datos de Pueblos Indígenas, indicador para saber quiénes tienen derecho a la consulta, sigue actualizándose desde el Ministerio de Cultura. Lo último: la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, afirmó en entrevista a Semana Económica, que sí habrá consulta para las comunidades andinas.

Sin embargo, casos como el de Cañaris siguen a la espera. Sobre esto, Luque recuerda que "Cañaris ya está reconocido como pueblo indígena y por consiguiente tiene derecho a ser consultado. Vamos a ver en qué momento se plantea esto, pero ya está identificado el sujeto de derecho".

La importancia de la consulta previa es patente. El adjunto de conflictos lo explica: "la consulta previa es irreversible, ya forma parte de los mecanismo de toma de decisiones en el Perú y es un hecho histórico equivalente a cuando se le dio el voto a los analfabetos desde 1980. Esta dimensión tiene en el proceso de inclusión política a millones de personas que se mantenían al margen de la toma de decisiones y que además tienen derechos reconocidos internacionalmente por su condición de población originaria".

Veremos cuál es el camino a seguir. Este año y el siguiente serán claves para terminar de consolidar la consulta previa. ¿Se mantendrá la prioridad por la inversión privada o finalmente se apostará por los derechos de la gente y la preservación del medio ambiente?

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