La negativa del Gobierno a negociar un incremento al salario de los médicos encierra más que una simple complicación fiscal (según los cálculos del gremio médico el aumento supone un gasto adicional de S/. 540 millones anuales). Aceptar siquiera negociar las condiciones económicas con los galenos implica también poner en agenda otro de los puntos de reclamo de la Federación Médica del Perú (FMP): la orientación de la reforma del sector.  

Sobre este punto, ya el propio Presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado de la Ministra de Salud, Midori de Habich, en un evidente gesto de respaldo político, señaló hace un par de días que no darán un paso atrás en la reforma. Sin embargo, los médicos persisten en que planteada tal y como está la reforma no es más que una privatización de la sanidad pública.

Por ello, la FMP busca la derogación de los 23 decretos promulgados en diciembre pasado, en pos de alcanzar un consenso en la reforma del sector en la que ellos también sean partícipes. La reforma es quizá el punto más trascendente de los tres que conforman el pliego de reclamo médico (los otros dos son la ya mencionada escala remunerativa y la restitución de cuatro artículos de la Ley del Trabajo Médico) porque definirá el tipo de sanidad pública que tendremos en el futuro.

LA REFORMA EN EL TAPETE

La reforma se emprendió oficialmente con la promulgación de  los decretos, pero además del marco legal que éstos representan, el Gobierno empezó a alentar desde octubre del 2013 el ingreso del capital privado mediante Asociaciones Público-Privada (APP) en la red de hospitales del Servicio Integral de Salud (SIS) para los servicios no clínicos (alimentación de pacientes, Rayos X, entre otros).

Según el Minsa los decretos persiguen el aseguramiento universal de la salud ateniendo a ese 30% de peruanos que aún no gozan de atención médica. Asimismo, plantea una mejora de la calidad de los servicios apuntando al reordenamiento presupuestal y funcional del SIS, EsSalud, además de la red de hospitales de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Expertos en temas de salud de reconocida trayectoria como Juan Arroyo, especialista de Cetrum Católica o el Exgerente de ESsalud, Pedro Francke, han señalado que en realidad estos decretos  más que una reforma integral de la sanidad pública, constituyen un conjunto de microreformas para mejorar los servicios ya existentes. Es decir, positiva, pero insuficiente.

Pero para la FMP esta reforma encamina la sanidad pública a una privatización del sector ¿Por qué? Los médicos señalan que bajo el paraguas de la Ley de Aseguramiento Universal, Ley N° 29344, que permite que las prestadores de servicio de salud sean públicas, mixtas o privadas, el Gobierno progresivamente irá—como aseguran que ya comenzó— reduciendo los presupuestos a las prestadores públicas como el SIS en favor del crecimiento de las prestadores privadas de compañías como Seguros Rímac, Pacífico, entre otras.  

En el caso de las APP, la discrepancia con el Gobierno es de forma. Mientras en el Minsa consideran que basta con el marco regulatorio de Proinversión, los médicos arguyen que se requiere de un la ley especial que regule la incursión del capital privado en los servicios no clínicos.

Su racionamiento es que las implicancias de una APP para la construcción de una carretera difieren de las de un servicio básico como es la salud. Además, consideran clave que dentro de esta ley se establezca un tope a la rentabilidad del privado, no en los contratos como plantea el Minsa. 

En ambas orillas, empero, consienten en que este es un candado necesario para que no se produzca un aprovechamiento de las empresas que ingresan al sector, que busquen incrementar su rentabilidad, a costa de los propios pacientes.

LO QUE SE VIENE

Mientras logran ponerse de acuerdo las autoridades y el gremio médico casi 50 mil consultas y 1500 cirugías se pierden a diario. La escala salarial es otro punto de entrampamiento. 

Ayer, Óscar Ugarte, jefe del Instituto de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y ex ministro del sector, señaló que no renegociarán un incremento. Mientras el presidente de la FMP, Jesús Bonilla, ha anunciado que los médicos emprenderán medidas más radicales.  

De este modo, se replican las circunstancias que llevaron a los galenos en agosto del año pasado a una huelga de 27 días, perjudicando a decenas de miles de pacientes en todo el país.

Como en toda paralización ambas partes presentan cifras diferentes sobre la aceptación de la medida. Según el Minsa, solo el 18% de galenos acata la huelga, mientras para la FMP más del 90% de los médicos no está trabajando. Lo cierto es que los hospitales están operando muy por debajo de su capacidad habitual y el perjuicio es para los pacientes.

“Ya llegamos al límite de las conversación con el ministerio y ahora habrá que buscar el dialogo en un nivel superior como la PCM o el propio presidente de la república”, dijo a lamula.pe Jesús Bonilla.

El próximo viernes los médicos tendrán una asamblea general de delegados, allí definirán cómo radicalizarán la huelga. Bonilla adelantó que empezarán encadenándose en las puertas de los hospitales públicos y  luego realizarán huelgas de hambre.

Y luego podrían continuar con las renuncias de los médicos a las jefaturas, la entrega los servicios y finalmente de hospitales. La Defensoría del Pueblo ha exhortado a ambas partes al diálogo pues como es lógico son los miles de pacientes quienes se vienen perjudicando.

Pero ha advertido que medidas extremas como la entrega de hospitales o de servicios podría configurar el abandono de cargo con las responsabilidades administrativas y de índole civil o penal.