Las denuncias por corrupción en los gobiernos de Áncash, Tumbes y Cajamarca provocaron que la descentralización vuelva al debate. Y como todo debate tiene sus extremos, se ha llegado al de culpar a este sistema de distribución del poder y las decisiones de gobierno, de propiciar o permitir la corrupción de las autoridades.

Proliferan visiones pesimistas. En entrevista a El Comercio, el contralor Fuad Khoury dijo que "la descentralización ha fracasado porque es un modelo que no tiene una visión hacia el ciudadano". Khoury es la cabeza de la entidad encargada de "dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental".

En una línea próxima, el presidente de Ciudad Nuestra, Gino Costa, dijo que la "corrupción y el sicariato son productos indeseados de la descentralización".

¿Cuáles son las funciones de los gobiernos regionales?

En el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se inició el proceso de descentralización, con la promulgación de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En su Artículo 4, establece que la finalidad de los gobiernos regionales es "fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo".

Catorce años después de iniciada esta reforma, son varias las tareas pendientes y varias las imperfecciones que se han podido verificar. La que ocupa hoy los titulares, entre las más preocupantes:  los presidentes regionales que no han logrado cumplir cabalmente con sus atribuciones, en particular en lo que respecta a "administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional" (Artículo 21).

¿Descentralizar o recentralizar?

El politólogo Martín Tanaka intenta explicar la situación:

"[...] los gobiernos regionales tuvieron serios problemas de gestión y de capacidad institucional para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades. Esto coincidió con un presupuesto público cada vez más grande y con una ley de canon que hizo que algunas regiones en particular tuvieran ingentes recursos. La coexistencia entre más recursos y responsabilidades, con limitadas capacidades políticas e institucionales tuvo como consecuencia altos niveles de ineficiencia y corrupción".

Son las "indeseadas" consecuencias de la descentralización. Siguiendo a Tanaka, los enormes recursos producto del canon funcionaron como una especie de tentación para las autoridades.

Desde el diario El Comercio se ha criticado la reforma señalando que ha tenido efectos nocivos para la democracia peruana. El economista Roberto Abusada hizo una polémica e innecesaria propuesta respecto a los recursos naturales: "[...] el Gobierno Central debe reivindicar de una buena vez y con toda firmeza su soberanía sobre el agua y los recursos del subsuelo, y su poder para disponer de ellos en beneficio de toda la nación".

Lo que ha pretendido el economista Abusada es resaltar el hecho de que el gobierno central no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que proyectos extractivos se detengan por oposición de las poblaciones locales y con apoyo de los gobiernos regionales como Conga y otros. La descentralización es, en esa medida, vista como una traba al tipo de inversión que se privilegia desde el aparato central del Estado.

En respuesta a esto, Noticias SER advierte que la solución no es recentralizar el poder en el Perú. La reforma debe seguir, pero con correcciones necesarias.

"Creemos que cualquier proyecto de recentralización terminará siendo un fracaso, y sólo servirá para ahondar las diferencias existentes entre las regiones y el poder central, como lo demuestra nuestra historia", señala en una reciente editorial. Se considera, entonces, que no debemos volver al sistema de gobierno jerarquizado con un punto central desde donde se dirige todo. En este caso, Lima.

Además, Noticias SER recuerda que quienes pretenden acabar con la descentralización son los que antes ostentaban el poder político. Señala que:

"[...] desde las élites limeñas se comienza a responsabilizar exclusivamente a quienes han liderado las regiones, olvidando la responsabilidad de quienes desde el Congreso, los gremios empresariales y los sucesivos gobiernos poco o nada han hecho para la descentralización, y que buscan aprovechar la coyuntura para recuperar el escaso poder que le cedieron a las regiones, con propuestas que sólo servirán para potenciar la conflictividad social y la inestabilidad política".

De igual manera, el politólogo Juan De La Puente advierte también que hay una "apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las 'provincias' hoy tampoco importa su corrupción". Para él, el problema de la corrupción es "gigantesco" y que esto se convierta en "asunto de jueces, fiscales y contralores" es una receta "casi microscópica". Señala que este es un problema de organización y de actores más que de leyes. "El régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas", sostiene.

¿Persecución?

Desde la izquierda, el periodista Raúl Wiener respondió al columnista Aldo Mariátegui por casi celebrar las investigaciones al gobierno regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos. "Yo quiero un país sin corrupción, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún color. Pero no voy a dejar de marcar la intención de usar los objetivos anticorrupción para fines políticos".

Si bien es cierto que desde el gobierno central existe una antipatía hacia Santos, las investigaciones deben continuar. La misma firmeza con la que se investiga a los gobiernos de Cajamarca o Áncash, debería darse para todas las demás autoridades regionales a las que la Contraloría ha encontrado indicios de irregularidades en la gestión.

De premiados a investigados

En 2012, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, por entonces presidida por el parlamentario Josué Gutiérrez (NGP), premió a los presidentes regionales de Lima, Áncash y Tumbes por "mejor ejecución de gasto". Los dos últimos ya tienen procesos de investigación iniciados. 

En la ceremonia participó el contralor Fuad Khoury. ¿Nadie sabía qué pasaba entonces en Áncash y Tumbes? Las complicaciones políticas de Álvarez, que alcanzan su pico en el caso "La Centralita" se denuncian en la región norteña desde 2011. Gastar más no implica que las autoridades regionales sean eficientes u honestas. Ya lo hemos visto.