Destrabar, destrabar, destrabar

Empresarios mineros creen que la solución a la mayoría de sus problemas es que el Estado elimine lo que ellos consideran obstáculos para sus inversiones.

Jorge Luis Paucar Albino I Redacción mulera

Publicado: 2014-05-23

Para algunos empresarios y un sector poderoso del Ejecutivo, ciertos requisitos o permisos que se le exigen a las compañías son un obstáculo para las inversiones. De esta manera, si el crecimiento económico se detiene, no encuentran otra solución que: "destrabar las inversiones". En mayo del 2013, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, anunció que se conformó un equipo especializado en coordinación con todos los ministerios con el objetivo de destrabar las inversiones. "Van a reportarme directamente a mí", dijo en en un road show de inversiones en Dubái.

Ya ha pasado más de un año desde este anuncio y los empresarios siguen presionando para mayores beneficios. Diversos proyectos extractivos mantienen oposición de las poblaciones locales. Aunque el minero Roque Benavides diga que no le importa la licencia social, los conflictos sociales paralizan las inversiones y esto perjudica a los empresarios. Sin embargo, ahora afirman que el principal problema son los obstáculos que encuentran en las normas. En el 11° Simposium Internacional del Oro y de la Plata, sostuvieron que la "permisología" les preocupa más que los conflictos.

Según el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, son 180 normas vinculadas al sector minero las que los mantienen confundidos. "La normatividad minera es hoy un plato de espagueti", dijo. Sostuvo que la creación del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional del Agua está relacionada a la multiplicación de las normas. "Cada una de estas instancias emite normas en torno a la minería que muchas veces sustituyen, duplican y contradicen a las otras", señaló. Es decir, para Briceño, el aumento de las normas es la principal traba para las inversiones.

Esta estrategia de presión política se produce a pesar de que en junio del 2013 el gobierno presentó un paquete de proyectos de Ley para "facilitar las inversiones". En ese entonces, el vocero principal fue, como ya era costumbre, el ministro Castilla, quien dijo que se estaban "eliminando las barreras burocráticas a la actividad empresarial".

La manera de estabilizar el crecimiento económico y promover las inversiones que ha emprendido el actual gobierno de Humala provocó el rechazo de organizaciones representantes de la sociedad civil. Para estas, las inversiones se están promoviendo a cualquier costo provocando daños al medio ambiente, al patrimonio cultural y a los derechos laborales. La abogada Ana Leyva (Fedepaz) advirtió en su momento que ningún gobierno anterior había tomado este tipo de medidas que bajan los estándares de control y regulación. Por su parte, el abogado Javier La Rosa (IDL) sostuvo que este destrabamiento de las inversiones implica el sacrificio de derechos y esto se debe a que han convencido al presidente Humala acerca de la necesidad de las industrias extractivas.

Como indica la congresista Verónika Mendoza, una de las pocas cosas claras que tiene este gobierno, es que debe destrabar las inversiones. No hay una preocupación por la sostenibilidad de los proyectos, la seguridad de actividades menos contaminantes, y menos por la búsqueda de una alternativa para dejar de ser dependientes de las industrias extractivas. Desde el empresariado minero y el Poder Ejecutivo, solo saben decir: "destrabar, destrabar, destrabar".