Mega 14, uno de los principales campamentos de la zona conocida como La Pampa, principal foco de la minería ilegal en Madre de Dios, fue intervenido ayer en un operativo de interdicción. En el campamento laboraban alrededor de 3000 personas.

En la interdicción participaron 20 fiscales ambientales, más de 1,200 efectivos de la policía nacional, que recibieron el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Entre los resultados, el operativo arrojó la destrucción de 118 motores, 34 chutes y distintos tipos de herramientas y materiales, y más importante todavía, el rescate de diez menores de edad que eran explotadas sexualmente en los "prostibares" de los alrededores. Las víctimas de trata se encuentran ahora en la Fiscalía de la Familia de Puerto Maldonado.

Interpelado por LaMula.pe sobre por qué se había realizado la interdicción antes en Huepetuhe que en La Pampa, el general (r) Daniel Urresti, Alto Comisionado para la Formalización de la Minería e Interdicción de la Minería Ilegal, respondió así: "se podría reclamar también por ejemplo ¿por qué detienen primero a los secuestradores de San Juan de Miraflores y no a los del Rimac?"

La respuesta relativizaba un punto central: sobre Huepetuhe hay un Lote petrolero, mientras que bajo La Pampa está la Reserva Nacional del Tambopata y su área de amortiguamiento.

Más allá de la polémica, el Ejecutivo todavía no ha hecho público cuánto le cuestan al Estado los operativos de interdicción, y por tanto, no se tiene información que hable de la sostenibilidad de estas acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía como eje de la política de lucha contra la minería ilegal.

¿No sería más barato y eficiente fortalecer el sistema de guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), proveerlos con mayor presupuesto, más personal, y mayor y mejores recursos? ¿No debería ser la administración de la Reserva Nacional del Tambopata la que se encargue de prevenir el ingreso de mineros ilegales y protegerla de futuras amenazas? Respuestas a estas cuestiones son más urgentes ahora, si se toma en cuenta que ya se han reportado nuevos brotes de minería ilegal en la zona del Purús.

La protección de estas áreas naturales no puede ser flor de un día.

El Estado (el gobierno central y el regional) tiene que asentarse e invertir en una infraestructura y en una burocracia que sean capaces de hacerse cargo de este tipo de problemas.  Sin necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para ello.