Hace unos días el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, denunciaba que durante el gobierno aprista fueron reconocidos una gran cantidad de "seudosindicatos" de construcción civil vinculados a las 'mafias' que han instalado la inseguridad en el sector construcción. ¿Qué pasó en el gobierno aprista? 

Parece que la estrategia de 'divide y vencerás' habría sido utilizada durante el segundo gobierno de García para enfrentar la presión social que representaba la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que buscaba hacerle cumplir sus promesas electorales.

Según relata el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, los sindicalistas del sector se enteraron de una supuesta reunión que el líder aprista habría tenido en 2008 con Vicente Aponte, Augusto Ramos Dolmos y Carlos Alberto Roncagliolo, todos con antecedentes delincuenciales, en la cual se habrían puesto de acuerdo para llevar a cabo acciones contra la CGTP. "Nosotros deducimos que su objetivo fue debilitar la organización social", dice Villanueva.

Tras ese encuentro se comenzó a reconocer a este tipo de sindicatos a través de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de filiación aprista, y, según Villanueva, se les convirtió en "fuerza de choque contra los verdaderos trabajadores u organizaciones de trabajadores". Se habría validado a 58 "seudosindicatos".

"El Ministerio de Trabajo empezó a otorgar reconocimientos sin hacer la debida fiscalización o revisión de los documentos que presentaban estas organizaciones, no verificaron si es que los que firmaban las actas o los posibles afiliados eran en verdad trabajadores de la construcción", señala Villanueva a LaMula.pe.

Cría abominable

"Matan trabajadores, ponen en peligro el desarrollo económico y la propia democracia", dice Villanueva sobre las 'mafias' encubiertas en el interior de estos 'seudosindicatos', y que desde 2011 hasta la fecha han cobrado la vida de 10 dirigentes sindicales. El último de ellos, Saturnino Hugo Rodríguez Santos, fue asesinado el 8 de marzo de 2014.

"Lo que ha sucedido es que los trabajadores y las organizaciones sindicales siempre se han defendido del avance de la delincuencia (...) ante eso simplemente han asesinado a trabajadores y dirigentes que hemos hecho las denuncias", dice. "Lamentablemente los dirigentes nos encontramos desguarnecidos y expuestos a cualquier atentado, no tenemos ningún tipo de seguridad".

Ante esta situación, una de las medidas tomadas recientemente por la CGTP fue convocar a la denominada Marcha por la Paz y Seguridad, realizada el 3 de abril, que buscaba llamar la atención de la ciudadanía y a la clase política sobre la problemática de violencia que se vive en el país.

Respuesta lenta

Villanueva señala que tras las constantes denuncias que hicieron la CGTP y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), entidad que agrupa y representa a las empresas constructoras, en 2012 la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió crear una comisión multisectorial, a cargo del Ministerio de Trabajo, para estudiar y dar solución a la violencia delincuencial en las obras.

Una de las medidas recomendadas por la comisión fue la apertura de un Registro Nacional de Trabajadores de Construcción. Para Villanueva, el proceso "va muy lento". Indica que esta recomendación fue hecha a finales del 2012, pero recién se está implementando en la región San Martín. Según el dirigente sindical, lograr que estas medidas sean plenamente efectivas demoraría entre 10 a 15 años.

"Creemos que el Estado tiene que ser más efectivo, tiene que tomar medidas más rápidas y sobre todo tiene que haber trabajo de inteligencia de la policía para meter mano a los cabecillas de estas bandas", enfatiza Villanueva.

Explica que en la actualidad la División de Protección de Obras Civiles de la PNP (Divproc) solo realiza una labor disuasiva o que se arresta solo a los operadores y no a las 'cabezas' de estas mafias, quienes inclusive dirigen desde diferentes cárceles del país. "Ante una emergencia de avance de la delincuencia el gobierno debe actuar más rápidamente".

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