No la tiene fácil Cecilia Nahón, embajadora de la República Argentina en Washington. En los últimos días la joven economista vinculada al movimiento político La Cámpora, una suerte de ‘portátil’ y fuerza de choque del país del Plata que le da sustento popular al kirchnerismo, ha tenido que sortear las críticas de los medios respecto a la deuda impaga en bonos soberanos emitidos por el Estado sudamericano. 

Cronología de un perro muerto

Desde 1975 a la fecha, la deuda pública del Estado argentino pasó por tres etapas definidas: un proceso de emisión de títulos del Gobierno, el default o impago de los mismos y por último un canje de estos instrumentos de cara a su reestructuración. Un 93% de los tenedores aceptaron la fórmula que refinanció la masa crítica de vehículos de deuda, otro 7% se declaró en 'rebeldía' y no acató el canje.

En 2001, año clave (y ‘feo’) para la economía argentina, a los cacerolazos y corralitos bancarios siguieron un desfile de presidentes que hacían recordar las parodias de las películas estadounidenses respecto a las ficcionales repúblicas bananeras. Las miradas del resto de países latinoamericanos, apuntaron hacia Buenos Aires como un gran ‘centro comercial’ donde todo se liquidaba a precio de saldo: casacas de cuero, zapatos, ropa, etcétera. En esa ‘liquidación’ se incluían los bonos soberanos argentinos, materia de disputas futuras por su pago.

Ese mismo año, la República Argentina se declaraba en default o proceso de cese de las obligaciones del Estado hacia terceros. El saldo de las emisiones de deuda soberana ascendía a US$144.4 mil millones de acuerdo al portal La Deuda Pública Argentina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cifra cercana al PBI de la economía en cuestión.

Según a la mencionada plataforma de la UBA (que agrupa estudiantes y graduados), del 2005 hasta el 2008, se inició un proceso de canje de títulos, esto es, refinanciación de deuda a través de las llamadas ‘quitas’ que implicaba el pago de la obligación con una reprogramación previamente pactada. 

Sin embargo, en el camino se quedaron un grupo de acreedores no tan pequeños y concentrados principalmente en los Estados Unidos que rechazó el canje y por ende la reestructuración. Conocidos como bonistas o tenedores holdout, este ‘club’ de renegados inició una férrea resistencia y ataque legal contra el Gobierno argentino.

Carroñeros

Una economía en default, que canjea deuda y un grupo renuente a estas maniobras son el caldo de cultivo perfecto para la aparición de unos fondos de capital de riesgo llamados ‘fondos buitres’ que invierten en deudas públicas con problemas para honrar pagos y cuyos gobiernos andan coqueteando con la insolvencia.

Pero, ¿cuál es el negocio para los fondos de este perfil? Actúan como ‘cobradores’ o empresas de cobranzas en realidad. Adquieren la deuda con descuentos de entre 30% a 50% y luego inician pleito legal para obtener el pago del 100%. En el trámite, dan 'pellizcos' a través de pequeños embargos. De esta forma, inmuebles (residencias de legaciones diplomáticas son el blanco favorito), bienes muebles (¿suena conocido el intento de embargo de una fragata de la marina argentina anclada en un puerto de Ghana?) y hasta derechos de transmisión satelital son botín para estas casas de cobro.

Es claro que los holdout dialogan muy bien con los fondos buitres. Los primeros se habrían colgado de los segundos para sus reclamos de pago.

¿Nuevo default?

Ante el peligro de un nuevo default, tanto los holdout como los fondos buitres se habrían organizado con celeridad propia de estadounidense y con nombre a lo película de Chuck Norris. La agremiación “…American Task Force Argentina (ATFA), agrupa al área dura de los ahorristas de ese país”, anota el diario El Clarín en un artículo.

Y es este grupo quien le estaría haciendo plantón a la embajadora Nahón con publicidad pagada en medios estadounidenses. Como señala el medio, hasta hace un tiempo la Presidenta Cristina Fernández era objeto de las puyas de la ATFA, pero ahora han apuntado hacia un objetivo de perfil bajo y algo más vulnerable y ‘cercano’ como la diplomática.

Pese a este perfil bajo, la embajadora mostró un lado no tan flaco: el pasado 9 de febrero respondió con dureza una crítica a la economía argentina hecha por la redacción del Washington Post.

Lo cierto es que en el año 2012, un tribunal de los Estados Unidos compelió a la Argentina a no honrar a los tenedores que se acogieron a una reestructuración, si no existe de por medio un pago de US$1,330 millones que cubra la deuda con los fondos buitres, lo que en términos técnicos sería una solución ‘pari passu’ (igualdad de condiciones). La apelación no se hizo esperar y en febrero del presente año, el Gobierno argentino presentó un recurso para que la Corte Suprema de los Estados Unidos admita la causa del país sudamericano a favor de no acatar el fallo del tribunal inicial, cuestión que se develaría por el supremo hacia fines del presente año.

De acuerdo a analistas, la Argentina podría ingresar en una senda que la declare en suspensión de pagos nuevamente, pues la economía sudamericana tendría que dejar de pagar a los acreedores que sí se acogieron al canje inicial y que componen casi la totalidad del grupo de tenedores, en tanto el remanente son los bonistas holdout que vía los fondos buitres se podrían beneficiar del fallo inicial de la corte estadounidense.

Se han levantado voces de apoyo para la Argentina desde plataformas oficiales e independientes en lo que se conoce como declaración amicus curiae que sonaría más a lobbie a favor de la causa argentina. Los presidentes de Brasil y México Dilma Rouseef y Enrique Peña Nieto, respectivamente y el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz hacen votos para que el supremo acepte la apelación. Pero habría una razón subyacente a este soporte: el hecho que un tribunal decrete que los pagos ya establecidos previamente a través de un canje dependan de una transferencia adicional para honrar a un grupo minoritario de bonistas, podría mermar la credibilidad de programas de pagos, refinanciaciones y reestructuraciones poniendo a éstos en peligro ante tal precedente judicial.

Más allá de litigios y de acreedores rebeldes, lo cierto es que una economía como la Argentina sólo tiene un camino claro, largo, franco y más importante que el de dilatar la muerte lenta de una deuda compleja y que escondería problemas estructurales de una nación en constante conflicto consigo misma: este camino es el del crecimiento sostenido, gran reto no sólo para la nación sudamericana sino para el resto de las economías regionales.

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