Al gobierno, según parece, le ha quedado claro que para llegar con cierta esperanza a la votación de mañana en el Congreso, debe sentarse a negociar  con los partidos de oposición.

El Partido Nacionalista ha mostrado ya su disposición al diálogo, a través de un comunicado. Pero ha especificado al mismo tiempo que en ningún caso se aceptarán condiciones que "impliquen negociaciones sobre asuntos que no estén guiados por el interés nacional y el respeto a la institucionalidad". Esto, debido a que, más allá de los acuerdos de la oposición, han aparecido nuevas exigencias de grupos políticos específicos.

De su parte, Daniel Abugattás, vocero del Partido de gobierno, ha asegurado que se ha aprendido la lección y que son conscientes de que no se puede actuar con arrogancia. “Tenemos que recibir con humildad este mensaje duro y directo”, afirmó hoy en una entrevista.

Sin embargo, es imprescindible saber qué exactamente pide (o exige) la oposición para dar el sí definitivo al gabinete Cornejo, pues hace mucho que la oposición misma no se podía completamente de acuerdo.

Los voceros de las principales bancadas (PPC-alianza para el Progreso; Frente Amplio-Acción Popular; Solidaridad Nacional) coincidieron en destacar un tema que ha pasado prácticamente desapercibido: que el gobierno debería, además, comprometerse en poner en debate el aumento del salario mínimo.

El otro punto en el que al parecer se encuentran de acuerdo es la exigencia de que Nadine Heredia no tenga injerencia en los asuntos del gobierno. Se ha presentado esta figura como “defensa de la institucionalidad”. Aunque, la verdad, nadie aclara en qué debería consistir esta no-injerencia. Al parecer, es el punto que genera mayores desacuerdos, porque el propio Presidente ha asegurado que su esposa no debería ser un factor en esta crisis ministerial. Del mismo modo se ha manifestado Abugattás.

Sin embargo, también laoposición se divide en sus exigencias.

Los fujimoristas, por ejemplo, piden específicamente la salida del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y del del Interior, Walter Albán, el primero por los pagos de devengados del ejército a Antauro Humala y el segundo por la inseguridad ciudadana. Esta sin embargo, no sería una condición obligatoria para las otras bancadas.

En definitiva, la oposición misma tendría que finalizar una agenda conjunta, para luego poder negociar con el gobierno. Y que la disposición al diálogo de éste no quede solo en declaraciones.

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