Aún son muchos a los que les es difícil asimilar la muerte de Edita Guerrero, vocalista del grupo Corazón Serrano; no son menos a quienes aún les cuesta creer la inmensa descarga de racismo lanzada desde las redes sociales una vez conocida la noticia. 

¿Cuánto sincero respeto hay en la exaltada cobertura mediática en torno al fallecimiento de una celebridad popular? ¿Por qué la condena a los vergonzosos tuits y comentarios solo se han hecho eco en figuras televisivas y no en los representantes -salvo la ministra Ana Jara y un comunicado del Ministerio de Cultura- de los poderes del Estado?.

En su última columna publicada en El Comercio, el periodista Fernando Vivas hace una reflexión acerca de "la hipocresía con la que medio Perú llora hoy a Edita" y hace un llamado a la autoridades a tomar medidas sancionadoras concretas con cualquier tipo de racismo venga de dónde venga.

"El Gobierno está perdiendo la dorada oportunidad de liderar la lucha contra el racismo. Los Gobiernos locales llevan la delantera con ordenanzas y operaciones que terminan en sanciones efectivas. Ollanta y Nadine se han frivolizado y están más preocupados en hacer el casting del Gabinete, planificar giras y mantener la estabilidad de la economía sin pisar callos de alcurnia".

Y en medio de la crítica lanza una propuesta de apariencia burocrática pero que no tiene un fondo tan descabellado: crear una procuraduría antidiscriminación.

"Hay que tener las agallas políticas para tocar temas que suelen ser tabú en los discursos oficiales. El Ministerio de Cultura, en su área de interculturalidad , quiere tener liderazgo en el tema, pero se limita a hacer campañas y canalizar alertas, pues está desarmado de facultades sancionadoras (...) Ya es hora de crear una procuraduría antidiscriminación, o empoderar a una oficina con ese fin, para que identifique a algunos de esos tuiteros de marras y enjuicie a algunos, a ver si escarmientan los otros: para que nos regale casos y castigos ejemplares".

Si bien sería bastante difícil y sin duda polémico determinar qué tipo de casos merecerían la intervención de una entidad como la que propone Vivas, la idea al menos debería llevarnos a evaluar si necesitamos establecerse sanciones para expresiones públicas de racismo -como las que se discuten actualmente en el mundo del fútbol-.  ¿Basta la 'sanción social' o esta sólo funciona en el mundo del 'deber ser' y de lo políticamente correcto?. Sin duda, todo un desafío para el principio de autoregulación de los medios de comunicación y la comunidad de las redes sociales.

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