El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que hay 216 conflictos sociales, entre activos y latentes, en nuestro país. De ellos, 139 son de carácter socioambiental. A continuación, explicaremos la situación de 3 conflictos sociales relacionados a proyectos en los cuales intervienen la población, las organizaciones sociales, las autoridades y las empresas privadas.  

Nos referimos a Conga, en Cajamarca; Majes Siguas II, en Arequipa y Cusco; y el caso del Lote 88 en Cusco y Ucayali, sin duda los casos más sonados de enfrentamiento entre el estado, la empresa privada y los pobladores locales en el Perú de estos días.

El proyecto Conga, ubicado en Cajamarca, es rechazado por autoridades, comuneros y organizaciones sociales que se oponen al plan extractivo de la minera Yanacocha, ya que consideran que su ejecución perjudicaría a 4 lagunas que son cabeceras de 5 cuencas hidrográficas.

La situación del proyecto Majes Siguas II, ubicado en Arequipa y Cusco, es un poco más compleja. De un lado, pobladores y autoridades cusqueñas exigen el cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial que data del 2011, en la cual se ordena la suspensión del proyecto argumentando que afectaría el acceso al agua. Del otro lado, autoridades de la región Arequipa, PROINVERSION y el MEF se muestran a favor de la ejecución de este proyecto.

Finalmente, la ampliación del Lote 88 a cargo de Pluspetrol, en las regiones de Cusco y Ucayali, ha enfrentado a organizaciones que representan a los pueblos indígenas y al Estado. El problema con este proyecto extractivo es que se ubica en la zona de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis (RTKNN), teóricamente protegida como espacio para pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.

Estos son los conflictos sociales que rodean a los proyectos en cuestión, pero, ¿cuál es el estado de los proyectos propiamente dichos?

CONGA

Respecto a Conga, actualmente el gobierno y la empresa minera afirman que se encuentra paralizado. Sin embargo, el pasado 4 de febrero cerca de 5 mil ronderos de Cajamarca se movilizaron hacia la zona de la laguna Mamococha en protesta por la supuesta movilización de maquinaria por parte de Yanacocha.

Ante ello, la transnacional emitió un comunicado en el que afirma que su proyecto extractivo se encuentra en efecto paralizado desde el 29 de noviembre del 2011, y señala que los únicos trabajos que se vienen realizando están relacionados a la construcción de reservorios de agua, las cuales van a reemplazar a las 4 lagunas.

Por su parte, el gobierno se ha mostrado a favor del proyecto. Desde el recordado mensaje a la nación que brindó el Presidente Ollanta Humala, en el cual afirmó que quería “el agua y el oro” (luego de que en campaña electoral dijera que “primero el agua” y que respetaría la voluntad de los comuneros); los actores del conflicto desde el gobierno se han ido alineando. A mediados de enero, el Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, llegó a decir que las poblaciones en la zona de afectación del proyecto estaban de acuerdo con su ejecución.

La respuesta de las rondas a las declaraciones de Huaroc no se hizo esperar. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región, Ydelso Hernandez, lo calificó como “operador político de Yanacocha” y lo acusó de estar amenazando a la población con sus provocadoras palabras. Además, la primera consejera del gobierno regional de Cajamarca, Sara Palacios, afirmó que este supuesto apoyo de un sector de la población se debería a los regalos, como cocinas a gas con balones incluidos, que ha estado dando el gobierno a personas de escasos recursos.

MAJES SIGUAS II

El pasado 6 de febrero, el Presidente Humala dio inicio a las obras del proyecto Majes Siguas II en Arequipa. En la ceremonia, el mandatario dijo que la ejecución de este proyecto permitirá “ampliar la frontera agrícola en 38,500 nuevas hectáreas” y que generará energía hidráulica para el desarrollo del sur. Además, señaló que se generarán 200,000 empleos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, aseguró que más de 300,000 personas se beneficiarán directamente.

En este sentido, cabe señalar que la decisión del Poder Judicial de suspender el proyecto queda anulada luego de que a finales del año pasado el Tribunal Constitucional decidiera archivar el caso, ya que se realizó un nuevo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral. Este documento fue presentado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y estaría cumpliendo con los estándares internacionales. Este proyecto prevé construir una de las represas más grandes del país para irrigar 38,500 hectáreas.

Por un lado, las autoridades de Arequipa, como el presidente regional Juan Manuel Guillén, se mostraron de acuerdo con esta decisión judicial y hasta agradeció al TC por dar viabilidad al proyecto Majes, a pesar de la oposición desde Cusco. Luego de que Humala diera inicio a las obras, Guillén defendió el proyecto afirmando que no afectaría a los pobladores de Caylloma e hizo un llamado a los pobladores de Espinar para “trabajar junto a Arequipa en la mejora de la calidad de vida de todo los peruanos”.

En Cusco, la situación es diferente ante la ejecución de Majes. Para el pasado 4 de febrero, se tenía planeado una reunión entre las autoridades regionales y del gobierno central para tratar este caso. A esa cita no asistió el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, lo cual provocó la indignación de los pobladores de Espinar que sintieron que el jefe del Gabinete les había hecho un desplante.

A diferencia de Guillén, el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, sostiene que el abastecimiento de agua para la provincia corre peligro, ya que considera que los 5 metros cúbicos por segundo asegurados por el gobierno son insuficientes para las necesidades de la población. Ante ello, Mollohuanca ha pedido que se haga un nuevo estudio en la cuenca del río Apurímac.

LOTE 88

Por último, el caso del Lote 88 se complicó más en enero cuando el Viceministerio de Interculturalidad levantó 34 de las 37 observaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Al respecto, Pluspetrol emitió un comunicado en el que se señala que el EIA “cumple ampliamente con la normatividad peruana y los estándares internacionales”. Además, la empresa asegura que el plan de expansión podría iniciarse en tres meses.

Para la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el levantamiento de las observaciones se ha realizado sin tomar en cuenta información actualizada sobre la salud de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que se ubican en la zona, lo cual califican de “alarmante”. Además, debemos señalar que una de las 3 observaciones no absueltas es la que se refiere a una técnica usada para buscar gas natural en el subsuelo, llamada “Sísmica 3D”, que implica la liberación de cargas explosivas.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el peligro que corren los pueblos indígenas de la zona. En este sentido, debemos recordar que el Lote 88 se superpone sobre un 23.04% del área de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis. La Defensoría, en una carta enviada al Consejo de Ministros en agosto del 2013, le recordó al Estado peruano que las actividades de prospección sísmica “conllevan un impacto severo en la salud” de las poblaciones indígenas.

En el mes de diciembre, el Relator de Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó el Perú y recomendó al Estado peruano estudiar la situación de las poblaciones Machiguenga, Nahua, Nanti y otros en condición de aislamiento voluntario o contacto inicial antes de iniciar las operaciones de ampliación del Lote 88. 

"Recomiendo que, entre otras medidas, el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88", afirmó James Anaya.

SIN PERSPECTIVAS DE SOLUCIÓN

Así, estos tres grandes proyectos extractivos están siendo impulsados desde el Estado y la empresa privada, pero las organizaciones sociales, ambientalistas y en representación de los pueblos indígenas, así como las poblaciones locales se oponen a sus ejecuciones porque temen daños al medio ambiente y a la salud.

En el caso de Conga, el conflicto entre las rondas de Cajamarca y la policía es constante. Cada vez que se movilizan hacia la zona de las lagunas, se produce algún incidente que implica violencia de ambas partes. Respecto al proyecto Majes, Arequipa y Cusco parecen estar divididas por el agua: mientras que los arequipeños celebran la construcción de una de las represas más grandes del país, en Espinar se teme que el abastecimiento corra peligro. En el caso del Lote 88, los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial estarían corriendo peligro. Primero lo advirtió la Defensoria del Pueblo, luego vino James Anaya para dar sus recomendaciones, con lo cual fortalecía los argumentos de las organizaciones indígenas.

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