La decisión del fiscal Marco Guzmán Baca de archivar el caso de esterlizaciones forzadas producidas durante el gobierno de Alberto Fujimori provocó la indigación de las víctimas y organizaciones sociales. Se realizaron manifestaciones y se presentó un recurso de queja.

Además, se señaló la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, el secretario de este organismo, Emilio Álvarez, se ha manifestado a favor de las víctimas.

"Si la gente no otorga su consentimiento, no es informada, es manipulada, y se le genera una operación por la cual ya no se puede tener hijos, se está atentando gravemente contra la integridad personal, contra el derecho a decidir la familia, inclusive contra el derecho a la salud”, señaló en declaraciones a Ideeleradio.

"Hay daños no reparables ¿Cómo le reparas a una familia o una señora la pérdida del hijo? No hay manera. Entonces, se ha considerado que la justicia o la garantía de no repetición son mecanismos de reparación del daño. En este tipo de casos, son vitales que el Perú no regrese sobre cosas ya superadas”, agregó.

En este sentido, señaló que ha trato de acercar al Estado peruano y a las víctimas. Además, dijo que Perú es uno de los países que más usa la norma internacional de Derechos Humanos. "Hay condiciones donde el Gobierno está desempeñando ejemplos de política pública, o donde los distintos poderes están incorporando los estándares del Sistema Interamericano, eso es parte de un proceso muy valioso para el Perú”, afirmó.

Como se recuerda, durante la dictadura de Alberto Fujimori, 272 mil 28 mujeres fueron esterilizadas por el Ministerio de Salud, como parte de una campaña dirigida desde Palacio de Gobierno. A más de 2 mil mujeres se les practicó estas intervenciones sin la debida información, con engaños o sin su consentimiento.

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