“El presidente es el garante máximo del respeto al desarrollo del país bajo las reglas de juego que todos nos hemos dado. No es el Poder Judicial y tampoco debe calificar e insultar las decisiones soberanas de empresas periodísticas con décadas de trabajo en el país”, dice la editorial de hoy del diario Correo tras la opinión de Ollanta Humala sobre el caso de la concentración de medios.

Y continúa: “No entiende que la libertad de prensa solo existe si la gente puede acceder a la información, a la opinión y al debate de ideas. Para que ello suceda los medios deben estar en todas partes y al alcance de todos y no es necesario intervenciones del Estado ni regulaciones”.

Tal cual comentáramos ayer, los grupos Epensa y El Comercio defienden su postura (o ante la 'amenaza' del jefe de Estado) desde el punto de vista empresarial. Hoy El Comercio, en su página A2 titula “Posible intervención estatal en medios genera preocupación en líderes políticos”.

¿Pero en realidad Ollanta Humala pretende eso: intervenir? Lo que ha dado es una opinión personal que coincide no solamente con el grupo La República sino también con la de miles de lectores (consumidores como les dice El Comercio) y representantes de la sociedad civil.

Y si bien tiros y troyanos critican lo dicho por el Presidente y rechazan la supuesta amenaza presidencial, hoy la ministra de la Mujer, Ana Jara, garantizó el respeto a la libertad de prensa y expresión, y descartó cualquier iniciativa gubernamental orientada a limitar esos derechos. Agregó que en caso cualquier aliado del gobierno presente un proyecto de ley que busque afectar la libertad de prensa, no contará con el respaldo del oficialismo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, también negó alguna injerencia del gobierno en la controversia originada por la compra de acciones de Epensa por parte del grupo El Comercio, y subrayó que el problema debe ser resuelto por la instancia judicial, al existir un recurso de amparo.

“La libertad de expresión y la libertad de opinión (...) está perfectamente cautelada, y en el gobierno del presidente de Ollanta Humala, está perfectamente provisto de las seguridades”, señaló en ATV+.

En tanto, el exabogado de los Agois Banchero, Enrique Ghersi, y el director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, coincidieron hoy -aunque con diferencias- en que esta controversia no debe tener intromisión del gobierno (ver videos).

Para Ghersi, el gobierno podría utilizar esta situación para regular a los medios de comunicación. “Los gobiernos tienen la tentación de regularla, directa o indirectamente. En este caso, este es el peligro. No quisiéramos que una discusión en torno a una operación comercial se convierta en un pretexto para regular a la prensa”, indicó.

En opinión de Uceda es necesario precisar lo manifestado sobre el tema por el jefe de Estado, porque estas han sido ligeras. Y subrayó que el Poder Judicial es la vía legítima para resolver la controversia. “Este tema debe ser debatido ampliamente, es un tema que interesa a todos los peruanos y debiera ser motivo de una discusión democrática. Es mejor eso que después vengan gobiernos que produzcan medidas o leyes que tienen componentes democráticos”, anotó.

Mientras tanto, en su columna de hoy el periodista Augusto Álvarez Rodrich señaló que “en este conflicto es obvio que existe un interés empresarial que, sin duda, les incumbe a los propietarios de medios, y en el que los políticos –incluido el presidente de la República– debiera estar al margen”. “Del perjuicio para la libertad de expresión como consecuencia de la concentración de la propiedad no hay duda, pero sí sobre los caminos para resolver el problema sin que la solución ocasione daños mayores”, añade.

Finalmente el periodista -que es uno de los siete que han firmado una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial contra la compra de Epensa por el El Comercio- plantea la posibilidad de “un proyecto de ley para regular la concentración de la propiedad de los medios en el Perú, algo que -anota- existe en varios países, incluyendo democracias avanzadas, el cual debe ser amplia y democráticamente debatido pensando en el objetivo central de asegurar la libertad de expresión y la pluralidad, informativa”.

Más allá de la prudencia o no no de la opinión del presidente de la República, lo más importante es que el tema de la concentración de medios pase a formar parte de un debate nacional.

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