Tras el fallo que sostiene que los delitos investigados en el caso El Frontón no son de lesa humanidad y que por tanto prescribirán una vez finalizado el proceso, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, manifestó su preocupación al respecto ya que generaría 'impunidad' 

Vega lamentó que en el párrafo 68 de la sentencia del Tribunal Constitucional, este señale que: "(…) si bien los hechos materia del proceso penal deben ser investigados en virtud de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia, terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos".

Al respecto, el Defensor del Pueblo aclaró que, en cumplimiento de la sentencia que la Corte IDH emitió el año 2000, sobre este caso, el Estado debe realizar una investigación, procesamiento y, de ser el caso, sancionar a los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas, pues —según señala la propia Corte— "esta obligación no debe ser cumplida como una mera formalidad sino con la voluntad genuina de conocer la verdad y alcanzar justicia". Agregó que si bien este caso se ha dilatado demasiado en el tiempo, ello no justifica que se abra la posibilidad a la prescripción de los graves delitos que se investigan.

Vega coincidió con los votos singulares de los magistrados Oscar Urviola y Gerardo Eto, quienes señalan que no se puede utilizar la prescripción de la acción penal para permitir situaciones de impunidad generadas por el propio Estado y que debe respetarse lo señalado por la Corte IDH.

Finalmente resaltó que "el Estado tiene el deber de combatir al terrorismo —que tanto daño ha causado y sigue causando al país— con todas las herramientas que otorga el Estado de Derecho, lo que implica, entre otros, imponer las sanciones más drásticas frente a sus atroces delitos. Sin embargo –dijo- no cabe admitir que el uso de la fuerza pueda ejercerse sin control alguno y contraviniendo principios elementales".

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