En el contexto de "destrabamiento de las inversiones", el ministro de Economía ha anunciado que aquellos funcionarios públicos que demoren con procedimientos, trámites o cobros serán sancionados de manera progresiva con hasta 20 UIT, equivalentes a 74 mil nuevos soles sin perjuicio de responsabilidad administrativa, civil o penal.

Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, el objetivo de esta medida es proteger la actividad empresarial frente a los requisitos, trámites, cobros u otras restricciones o barreras burocráticas ilegales o irrazonables.

De darse este caso, el INDECOPI podrá iniciar procesos de oficio y podrá usar información entregada por colegios profesionales, gremios empresariales, asociaciones de consumidores, entidades estatales y el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC).

Además, Castilla señaló que se va a promover el pronto pago del Estado a sus proveedores fomentándose el pago oportuno. “Para tal fin se precisan las sanciones a las que estarán sujetos los funcionarios que demoren los pagos a las micro y pequeñas empresas (mypes), y se publicará una lista de las entidades que pagan en el menor plazo”, afirmó. 

En este sentido, las demoras de los funcionarios públicos no deben interpretarse unívocamente como ineficiencias o actos de mala fe; debe considerarse también que el excesivo celo de los servidores está relacionado a los procesos administrativos o judiciales en los que pueden verse implicados.