Un grave proceso disciplinario que involucra al cuestionado fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, vinculado a 'Los cuellos blancos del puerto', podría ser el acicate para su destitución por parte de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), revela un informe de la Contraloría General de la República.
El documento, al que tuvo acceso Justicia Viva, recopila casos que hasta ahora no han estado en el foco público, pero que merecen una especial atención por parte de los miembros de la JNJ, que tienen un arduo trabajo por delante para revisar las decisiones bajo sospecha del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), algunos de los cuales incluyó la fiscalía en investigación sobre 'Los cuellos blancos del puerto'.
Quizá el caso más sólido que incluye la Contraloría es un proceso disciplinario que que involucra al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien también ha sido incluido por la fiscalía en la estructura de 'Los cuellos blancos', y que en este momento está paralizado.
El informe subraya que las imputaciones y consecuencias ameritarían que el fiscal Rodríguez Monteza sea destituido. El caso viene del 18 de abril del 2018, cuando Alberto Huerta Zapata, el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, envió al Ministerio Público un documento que contenía observaciones realizadas a una proceso que estuvo a cargo de Rodríguez Monteza, entonces jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
En un informe del 10 de octubre de 2017, Rodríguez imputaba a Gunther Gonzales Barrón, exjuez de la Corte Superior de Justicia de Lima, el delito de prevaricato, y disponía la apertura de una investigación preliminar, porque en noviembre de 2015 la Primera Sala Civil de Lima, que integraba Gonzáles Barrón, dictó sentencia sobre una demanda que entabló la Asociación de Propietarios de Caballos del Perú para que se anularan siete contratos de compraventa.
Los demandantes denunciaron que las transacciones se hicieron sobre un terreno que era de su propiedad, y cuyo título había sido falsificado. En el expediente del caso habían evidencias sobre una aparente trama fraudulenta: seis de los siete contratos de compraventa habían incluido firmas falsificadas y, en algunos casos, la intervención de notarios destituidos, apunta Justicia Viva.
El fallo en primera instancia declaró la nulidad de los seis primeros contratos, pero mantuvo vigente el último. Al resolver la apelación del demandante, la Corte en segunda instancia, integrada por Gonzáles Barrón, declaró fundada la demanda en el punto de controversia, y anuló el último contrato de compraventa.
La sentencia decía que era evidente que la parte demanda celebró un contrato fraudulento, con fin ilícito, cuya finalidad era perjudicar al verdadero propietario, lo que "se acredita con las falsedades expuestas en la minuta (precio pagado en distinta fecha y tercero que pagó el precio), con una compra que se hizo, pese a que habían seis transferencias anteriores casi consecutivas, en menos de dos años con intervención de notarios destituidos y de Huarochirí […]".
Conocido el fallo adverso, la parte demandada interpuso un recurso de casación para que el caso fuera visto por la Corte Suprema, y denunció por prevaricato al juez Gonzales Barrón. El caso llegó a manos del fiscal Rodríguez Monteza, quien inició una activa investigación.
En octubre del 2017 el fiscal supremo emitió su informe sobre el caso, en el que se pronunciaba a favor de declarar fundada la denuncia por prevaricato y formalizar la investigación contra el exjuez. Incluso el informe fue presentado días antes de que la Corte Suprema votara si admitía o no la casación.
Gonzales Barrón, que había renunciado al Poder Judicial por razones personales ese mismo año, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo ante lo que consideraba una persecución por parte del fiscal Rodríguez.
Y el 26 de marzo del 2018, la Suprema declaró infundada la casación y determinó que la sentencia de la Primera Sala Civil, que integraba Gonzales, no contenía vicio alguno, por lo que el fallo fue ratificado en todos sus extremos. "La Sala Superior ha justificado de manera razonada y motivada su decisión de declarar la nulidad del séptimo contrato por la causal de fin ilícito", concluyó la máxima instancia de la justicia en el país.
Fue así que en abril del 2018, la Defensoría envió un oficio dirigido a la Fiscalía de la Nación en el presentaba los resultados de la evaluación que había hecho sobre el accionar de Rodríguez Monteza, quien incurrió en graves irregularidades.
Primero, que la denuncia contra Gonzales Barrón había sido formulada cuando el proceso estaba en curso, con la casación pendiente de resolverse. Correspondía a la Corte Suprema determinar si el fallo era válido o no. Por ello, dice la Defensoría, la intervención de Rodríguez Monteza constituía una interferencia en el proceso judicial, por lo que el fiscal habría violado la prohibición constitucional referida al avocamiento indebido y el debido proceso.
Además, el informe de Rodríguez Monteza no hacía mención alguna al descargo del juez investigado, lo cual afectaba su derecho a la defensa y que Gonzales ni si quiera había sido citado al informe oral, como sí sucedió con los abogados de la parte demandante.
La Defensoría señaló además que un tema central de la denuncia contra Gonzales Barrón era que supuestamente había resuelto en base a "hechos falsos", pero esa imputación cuestionaba en realidad "la valoración jurídica de la prueba", que es una actividad exclusiva del juez de la causa. El informe de Rodríguez se limitó a repetir las imputaciones de la denuncia, sin ningún tipo de análisis.
La institución defensorial refirió también que le llamó "poderosamente la atención que la investigación penal solo alcance a uno de los vocales que suscribieron la sentencia", por lo que el fiscal supremo debía explicar las razones de aquel trato diferenciado, o en todo caso incluir a los otros jueces del tribunal, que hoy son muy conocidos: Carlos Arias y Martín Hurtado. Este último es hoy investigado por sus vínculos con César Hinostroza, sindicado cabecilla de 'Los cuellos blancos'. Arias Lazarte fue cuestionado en su momento por un audio también Hinostroza, en el que coordinan su asistencia a una cena "en homenaje al número uno".
Por ello, la Oficina Defensorial deslizó la posibilidad de que las acusaciones contra el exjuez Gonzales Barrón formaran parte de una persecución, y que se estuviera instrumentalizando la justicia para tomar represalias contra un juez que evitó una transacción ilegal.
DATOS
◉ Entre lo más relevante del informe de la Contraloría, son las irregularidades en el nombramiento de tres fiscales y tres jueces de diversas regiones del país. Uno de ellos es Ary Terrones Meléndez, el juez que en los últimos meses desempeñó un cuestionado rol en un proceso que involucra al hoy encarcelado Edwin Oviedo.
◉ Otro nombre mencionado es el de Lina Balvín Álvarez, fiscal que ahora trabaja con el fiscal supremo Tomás Gálvez en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo. Gálvez también es sindicado de ser parte de la mafia de Los cuellos blancos.
◉ Los casos señalados son destacados en la revisión hecha por la Contraloría a la labor del extinto CNM entre enero del 2015 y julio del 2018, cuando Guido Aguila Grados y compañía movían los hilos de la institución.
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