Ya se puede ir dilucidando la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial contra la disolución del Congreso. Prueba de ello es que el magistrado del TC, Augusto Ferrero, saliera a defender su voto de declaró infundada la medida cautelar que solicitó Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, para suspender los efectos de la disolución del Congreso.

En diálogo con El Comercio, Ferrero consideró que de haber prosperado la medida habría tenido consecuencias “negativas en la estabilidad jurídica y políticas del país”. Además explicó que su decisión de no votar a favor del pedido de medida cautelar se sustentó en razones de orden jurídico-constitucional. 

El tribuno precisó que uno de los requisitos para dictar una medida cautelar es lo que se denomina “apariencia del derecho invocado”. En otras palabras, sostuvo, “que la agresión que se reclama se presente con tan alto grado de nitidez que justifique suspender sus efectos de modo previo a la sentencia”.

“Es una situación cuya constitucionalidad ha propiciado ardorosos debates entre juristas y que es inédita en nuestro Estado de derecho, lo que me llevó a concluir que la referida ‘apariencia del derecho invocado’ no se presentaba”, afirmó Ferrero.

Para el magistrado, los principios que deben regir la labor del juez constitucional es la “previsión de (las) consecuencias” de sus decisiones. Desde esa perspectiva, consideró que dictar la medida cautelar, suspendiendo el decreto de disolución del Congreso y que este reasuma sus funciones, tendría consecuencias negativas en la estabilidad jurídica y política del país. Más aún, explicó, si se tiene en cuenta que hay un proceso electoral en marcha, "en el que distintas fuerzas políticas (incluso algunas presentes en el Congreso disuelto) se alistan a participar”.

“El juez debe ser consciente del impacto de sus pronunciamientos en la sociedad y el ordenamiento jurídico”, sobre todo teniendo un proceso electoral en marcha, indicó.

Sumado a los comentarios de Ferrero, el presidente del TC, Ernesto Blume, dijo que la posibilidad de restituir el Congreso disuelto el pasado 30 de setiembre por el presidente Martín Vizcarra "es remota". "Es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, admitió.

El último martes, el pleno del TC decidió por unanimidad admitir a trámite la demanda competencial interpuesta por Olaechea contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso. Sin embargo, rechazó por mayoría la medida cautelar que buscaba la restitución de las funciones del Parlamento disuelto.

De acuerdo con los plazos procesales del trámite del Tribunal Constitucional, una sentencia sobre este caso podría estar lista para la tercera semana de febrero; es decir, casi un mes después de que la ciudadanía concurra a las urnas para elegir un nuevo Parlamento que culminará el actual periodo legislativo hasta el 28 de julio del 2021.

(Foto de cabecera: Andina)

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