El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Hugo Núñez, admitió a trámite este martes la apelación que presentó la integrante de la Comisión Permanente Luciana León contra la orden de allanamiento e incautación de bienes que ejecutó hace una semana en su departamento de Miraflores, su despacho parlamentario y otros inmuebles. Las diligencias se realizaron como parte de las pesquisas del caso “Los Intocables Ediles”. 

La excongresista aprista es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio. Sin embargo, esto no fue impedimento para que incluya 11 pedidos en su recurso, que van desde dejar sin efecto la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, hasta que no se use ningún bien, ni documento incautado durante el allamiento.

“Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del Artículo 93 de la Constitución”, argumentó. Esa norma indica que los congresistas “no pueden ser procesados in presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente”.

El allanamiento, que fue ordenado por el mismo Núñez, se realizó a pedido del Área de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. Ese mismo día, León dijo a la prensa que se le estaría vinculando a una red criminal solo con dichos de terceros y negó formar parte de “Los Intocables Ediles”. 

“Como política, yo sé que se tiene que dar todas las facilidades del caso y sobre todo porque no tengo nada que esconder. Es mi voluntad aclarar todo esto y más bien demostrar la verdad”, expresó Luciana León.

Aquella vez, se le decomisaron un celular iPhone, agendas y más de S/5 mil en efectivo. De acuerdo a la investigación, León le cobraba entre S/15 mil y S/20 mil al financista de la banda criminal Alexander Peña Quispe a cambio de interceder en su favor ante el Ministerio de Economía.  

Además, habría gestionado ante ese ministerio la inclusión de la Municipalidad de La Victoria en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional entre marzo y junio del 2017, a cambio de la contratación de su hermano Romulo León Romero por parte de Alex Peña.

La fiscalía maneja información de conversaciones telefónicas y comunicaciones entre la detenida asesora de León, Betsy Cecil Matos Franco, y Peña Quispe, que confirmaría los presuntos cobro de cupos en favor de la exparlamentaria. 

Los Intocables Ediles fue una organización criminal que controló el municipio de La Victoria entre 2014 y 2018, y que se dedicó a cobrar ilegalmente cupos a comerciantes para que ocuparan espacios públicos en ese distrito.

(Foto de cabecera: Andina)

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