El Poder Judicial declaró fundado la solicitud de la procuraduría pública ad hoc para el caso Lava jato sobre el incremento de la reparación civil a US$20 millones, en el proceso contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros investigados por los casos Odebrecht y OAS.
La resolución judicial del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios aprobó así elevar de 8 a 20 millones de dólares la petición resarcitoria para Villarán y otros 17 procesados, al precisar que el monto ilícito recibido para las campañas del No a la revocatoria y reelección municipa suman 10 millones y no 4 millones de dólares como inicialmente se postuló.
Según la fiscalía, para la campaña del No, Odebrecht y OAS destinaron cada una US$3 millones, mientras que esta última empresa entregó otros US$4 millones para el intento fallido de reelección de Villarán, que es acusada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado.
Las empresas brasileñas habrían entregado el dinero para la campaña de Villarán porque tenían intereses particulares, Odebrecht en concesión de las vías nuevas de Lima, a través de Rutas de Lima, y OAS a través de la Lamsac, con la adenda 1 de Línea Amarilla.
Por ambos casos, Villarán cumple prisión preventiva de 24 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, mientras que su exgerente municipal José Miguel Castro también cumple la misma medida, por 18 meses, en un penal de la capital.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios confirmó la comparecencia con restricciones dictada contra el ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado, quien investigado junto a la exalcaldesa de Lima y otros.
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