El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó comparecencia restringida contra el exregidor Marco Zevallos, Jorge Torres, Óscar Vidaurreta y Juan Becerra, durante todo lo que dure el proceso penal (etapa intermedia y un eventual juicio). 

Zevallos fue el responsable del equipo legal de la campaña por el No a la revocación de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Los otros tres investigados en la campaña o que tuvieron cargos en el partido Diálogo Vecinal. 

Los cuatro deberán cumplir ciertas medidas de conducta como presentarse el despacho fiscal judicial "las veces que sean citado", así como firmas el control biométrico. Todos deberán pagar una caución de S/10 mil, a excepción de Vidaurreta Yzaga que deberá pagar S/50 mil en un plazo de diez días. Ninguno podrá cambiar su domicilio y deberán asistir a los despachos judiciales o fiscales cada vez que se los requiera. 

Según sostuvo la fiscal adjunta Ángela Zuloaga, todos formaron parte de la presunta organización criminal que lideró la exalcaldesa Villarán entre 2011 y 2014. “Debemos tener en consideración que la participación de cada una de estas personas se dio en el marco de la organización delictiva liderada por Susana Villarán y secundada por su gerente municipal José Miguel Castro, con la finalidad de quedarse en el poder, al mando de la municipalidad”, indicó en la audiencia. 

Al exregidor Marco Zevallos, se le imputa el presunto delito de asociación ilícita por la presentación de dos informes con datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  “Se le imputa que, como parte de la organización delictiva de Susana Villarán, destinada a continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, haber presentado dos informes. El primero relacionado a una campaña por la No revocatoria que era el informe de ingresos y egresos, conteniendo información falsa, datos de aportantes y sumas no correctas”, señaló la fiscal.

Respecto al segundo informe, indicó que este fue presentado a la ONPE sobre “aportaciones y gastos de la campaña electoral del proceso de Elecciones Municipales 2014, que corresponde a la campaña de reelección de Susana Villarán de la Puente. Dicha información tiene contenido falso”. Estas acciones tuvieron la finalidad, supuestamente, de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de Odebrecht y OAS.

“Todo ello -a tesis del Ministerio Público- con la finalidad de ocultar procedencia del dinero ilícito proveniente de las Cajas Dos de las empresas OAS y Odebrecht”, resaltó la fiscal.

Ángela Zuloaga recordó que en el allanamiento a la vivienda de la exburgomaestre se encontraron estos documentos originales, los cuales evidenciarían que Susana Villarán “tuvo directa participación en la presentación y dirección de Marco Antonio Zevallos para la presentación de documentación con datos falsos”.

Marco Zevallos, quien ejerció su propia defensa, explicó que en el caso de la campaña por el No a la revocatoria, remitió un informe de ingresos y egresos al presidente del Pacto Ético Electoral, y que este no fue presentado ante el JNE. “No es un documento presentado o dirigido al presidente del JNE o a algún funcionario del JNE, falso. Y a su vez, yo también he reconocido que firmé la nota de atención dirigida al gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE en el 2014 […] Jamás he negado eso”, detalló. 

Además, descartó que haya intentado “ocultar la procedencia de dinero maculado” de empresas brasileñas y cuestionó los elementos de convicción en los que se basa el Ministerio Público. Al final de su intervención anunció que apelará la medid judicial. 

DATO

Hasta el momento, tanto Gabriel Prado como otros tres exfuncionarios ya tienen esta medida en su contra y están obligados a pagar, además, S/10 mil por concepto de reparación civil.

(Foto de cabecera: Andina)

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