La campaña que anunciaron los congresistas de Fuerza Popular para denunciar ante la comunidad internacional una supuesta persecución y abusos contra Keiko Fujimori, quien cumple desde noviembre pasado 36 meses de prisión preventiva por los probados intentos de obstruir la investigación en su contra por lavado de activos, no tiene la más mínima posibilidad de éxito. 

Así se claro y contundente fue el director ejecutivo de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, al descartar que exista una persecución política en Perú, como lo pretende hacer creer el fujimorismo, y subrayó que en nuestro país hay una plena  separación de poderes. 

"Si los parlamentarios insisten en una estrategia de esta naturaleza, creo que una denuncia de ese tipo no tiene la más mínima posibilidad de éxito a nivel internacional", dijo en Andina el máximo representante de esta organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro con sede en Washington.

Vivanco comentó que en la comunidad internacional nadie pone en entredicho  el sistema democrático en el Perú, que ha permitido poner contra las cuerdas al poder político vinculado a la trama de corrupción del caso Lava Jato, por el que precisamente es investigada Keiko Fujimori y su partido.

"Hay medios de comunicación independientes, una vibrante sociedad civil, un Poder Judicial independiente y un Ministerio Público capaz de realizar investigaciones como las que ha hecho que comprometen a poderosos políticos del pasado".


Como parte de la campaña internacional del fujimorismo, los legisladores de este grupo que blinda y protege en el Congreso a personajes denunciados por graves casos de corrupción, anunciaron que expondrán la situación legal de la jefa de su partido ante la Organización de Estados Americanos, Congresos y presidentes de diversos países. 

Pero Vivanco explicó que el concepto de prisioneros políticos está referido para los que son perseguidas y encarceladas por sus opiniones o por sus ideas, que no es ─evidentemente─ el caso de Keiko Fujimori, acusada de  corrupción  y lavado de activos de origen desconocido.

Según la fiscalía, la dos veces candidata presidencial recibió dinero ilícito de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral del año 2011. Además, blanqueó dinero a través de actividades simuladas, como rifas y cocteles, tal como lo ha confirmado personajes cercanos que hoy colaboran con la justicia. 

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