Con seis votos a favor y uno en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el fujimorista César Segura, declaró inadmisible la denuncia constitucional presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el exjuez supremo César Hinosroza, sobre quien pesa un proceso de extradición desde España, a donde fugó en octubre del año pasado.
Los legisladores miembros del grupo aprobaron una cuestión previa para que la fiscalía subsane la denuncia y sea la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, la que presente el nuevo documento al Parlamento.
La cuestión previa propuesta por Sergio Dávila (PpK) fue respaldada Javier Velásquez Quesquén (Apra), Marco Arana (Frente Amplio), Oracio Pacori (Nuevo Perú), Percy Alcalá (Fuerza Popular), César Vásquez (APP), mientras en que Karina Beteta (Fuerza Popular) votó en contra al considerar que se estaba yendo contra normativa.
"Después de un amplio debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó otorgar un plazo de tres días para que retorne al Ministerio Público, y se subsane la acusación. Esto no es un blindaje, sino el cumplimento de un requisito procedimental", indicó Dávila.
Pablo Sánchez, quien está a cargo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, planteó la denuncia el 29 de agosto del 2018 contra el prófugo exjuez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias. La acusación también incluía a los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, por su presunta participación en la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.
Sin embargo, el informe de calificación del grupo recomendaba archivar la denuncia por no cumplir con los criterios sobre admisibilidad y/o procedencia. El documento señalaba que la denuncia constitucional solo podría haberla hecho el fiscal de la Nación, en ese entonces Pedro Chávarry, y no un fiscal supremo como Sánchez, que ya había dejado el máximo cargo del Ministerio Público para ese momento.
"En este caso, se puede evidenciar que quien ha formulado la denuncia es un fiscal supremo, quien no tiene capacidad para obrar y presentar denuncias constitucionales, además de que dicho funcionario no es la persona directamente agraviada por los hechos que denuncia", sostuvo el informe de la secretaría técnica de la subcomisión.
Es importante resaltar que fuentes del Ministerio Público, consultadas por La República, explicaron que el propio Chávarry se excusó de ver el caso, debido a que también se le vincula a 'Los cuellos blancos', con lo cual la investigación recayó en el fiscal supremo más antiguo; es decir, Pablo Sánchez, quien finalmente realizó la denuncia basada en el contenido de los CNM audios.
Esta denuncia constitucional era importante porque el pasado 13 de mayo el Poder Judicial de España aprobó el pedido de extradición de Hinostroza por tres delitos, pero excluyó el de organización criminal, o sea, el de mayor pena y en el que se basa la acusación de la fiscalía por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'. Sin aprobarse este ilícito no se podrá juzgar como presunto cabecilla de la red de corrupción.
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