El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que esta semana aprobó la jueza María de los Ángeles Camacho, establece que si Jorge Barata y otros exejecutivos de la constructora brasileña que se comprometieron a ayudar a la fiscalía peruana en las investigaciones vuelven a delinquir en los próximos 10 años, el convenio se revocará.
Esta y otras cláusulas se incluyeron en el documento que fue homologado por el Poder Judicial, para garantizar que los colaboradores eficaces sigan entregando las pruebas de corrupción en el Perú y ayudar a que la justicia sancione a todos los responsables de haber recibido dinero ilegal de Odebrecht, reveló El Comercio, que cita la resolución de la magistrada Camacho.
Los exejecutivos brasileños que se acogieron al acuerdo de colaboración, además de Jorge Barata, quien fue director de la filial de la compañía en Perú y el hombre que conoce todos los secretos y detalles de la trama de corrupción en el país, son Ricardo Boleira, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre y la constructora Norberto Odebrecht como persona jurídica.
El convenio establece que los cuatro exejecutivos de Odebrecht quedarán exentos de pena y que tampoco pagarán ninguna reparación civil, que será asumida por la empresa y sus filiales que operaron en el país (Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Peru Ingeniería y Construcciones SAC). Barata y sus excolegas tienen procesos en marcha y, en algunos casos, sentencias en su país por el caso Lava Jato.
La resolución de la jueza Camacho señala también que el pago de reparación civil será entregada en 15 armadas hasta el 2034 y "que, por acuerdo de partes, el pago de la primera cuota extingue la responsabilidad civil" de las personas naturales que se acogieron a la colaboración.
Al respecto, el procurador peruano del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, confirmó el miércoles que la indemnización al Estado peruano por los cuatro proyecto en los que Odebrecht admitió responsabilidad penal (IIRSA Sur tramos 1 y 2, Costa Verde Callao, Evitamiento Cusco y Metro Línea 1) asciende a 610 millones de soles y que la primera cuota ya se canceló. A ese monto se suman los intereses legales (150 millones de soles), las deudas tributarias( 435 millones) y los otros 65 millones ya pagados por otra colaboración eficaz. En total, dijo Ramírez, la reparación civil a pagar al Estado asciende a 1.260 millones de soles.
El incumplimiento de estos compromisos monetarios también es una causal para que se revoque el acuerdo de colaboración, precisó este viernes en El Comercio el procurador ad hoc. La preocupación a que este escenario se dé, se debe a que en Brasil, la empresa matriz de la constructora, ha iniciado un proceso concursal que podría derivar en una declaratoria de insolvencia.
Ramírez precisó que el acuerdo asegura el pago de la reparación civil a través de un fideicomiso que se alimenta de tres fuentes: la retención del 5% de los ingresos que tenga Odebrecht, ya sea en contratos públicos o privados, y de sus utilidades.
"Y si la empresa decide vender sus activos, que supere los 3 millones de dólares, se le retiene el 25% del precio de venta. Se buscaba que la empresa siga funcionando porque conviene que siga en el país para seguir colaborando con la justicia. Otro escenario es que se vayan, que no colaboren y se genere impunidad".
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