Poco antes del inicio de la audiencia en la que el Poder Judicial evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán negó que vaya a acogerse a la colaboración eficaz y dijo que no fue por cálculo político, para evitar ir a la cárcel, que decidió admitir que siempre supo de los aportes ilegales de Odebrecht y OAS a sus campañas.
Consultada en radio Santa Rosa este lunes sobre la posibilidad de que vaya presa, Villarán de la Puente respondió.
"He estado preparada para eso hace mucho tiempo. He estado preparada para todo y lo he enfrentado con valentía. Ahí donde esté seré la misma Susana Villarán".
La exburgomaestre insistió que en que ella reconoció públicamente los aportes de las constructoras brasileñas a la campaña contra la revocación luego de haberse sentido "liberada" de un compromiso que había asumido con José Miguel Castro, su exgerente edil, pero su confesión del sábado también habría estado motivada por la difusión de un audio el domingo en Cuarto Poder, el cual confirma que tanto ella como Castro buscaron ocultar los "tres palos verdes" de Odebrecht para su campaña.
La grabación también evidencia que Gabriel Prado, otro exfuncionario edil acusado por este caso, no sabía de la cuenta en el principado de Andorra que se creó a su nombre para ocultar los pagos ilícitos de Odebrecht.
Villarán lo confirmó antes de ingresar a la audiencia para evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva. "Gabriel Prado no tenía ninguna vinculación, yo jamás le hice daño a Gabriel", refirió, aunque en el audio, Prado les reclama tanto a ella como a Castro por haberlo perjudicado.
"Tanto José Miguel (Castro) como yo somos las dos únicas personas (responsables), porque no hay un grupo grande".
Reprograman audiencia
Entre tanto, el juez de Investigación Preparatoria, Jorge Luis Chávez Tamariz, dijo que este jueves se pronunciará sobre el pedido de la fiscalía para variar la medida de comparecencia por la de prisión preventiva contra Villarán y Castro.
La audiencia de este lunes, donde se iba a evaluar la solicitud, fue suspendida ya que el fiscal Carlos Puma solicitó 48 horas para presentar nuevos elementos de convicción, pero el juez Chávez solo aceptó otorgar 24 horas, para poder emitir su fallo el jueves, como lo anunció.
La exalcaldesa y Castro tienen vigente una orden de comparecencia restringida desde el pasado 10 de agosto, lo cual le obliga a ir todos los meses a la fiscalía para el control correspondiente, a no ausentarse de Lima, y no variar su domicilio sin previa autorización judicial.
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