La Corte Suprema anunció que sus jueces penales fijarán jurisprudencia sobre diversos temas referidos a su campo de acción, entre los cuales destacan la prisión preventiva e impedimento de salida del país y diligencias preliminares, mecanismo que han marcado la investigación del caso Lava Jato en el Perú, que ha puesto contra las cuerdas a cuatro expresidentes del país y a varios partidos y líderes políticos. 

El Poder Judicial explicó que sentar jurisprudencia significa establecer criterios jurídicos uniformes que todos los jueces del país deberán seguir en caso les corresponda dictar sentencias sobre esos temas.

Los jueces supremos que participarán del XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal 2019 espera que se logre determinar el criterio más apropiado en cada caso concreto, con el objetivo de lograr la predictibilidad judicial mediante la unificación de criterios jurisprudenciales, y así evitar fallos contradictorios y reducir el margen de inseguridad jurídica.

Según el anuncio oficial del Poder Judicial, los magistrados fijarán jurisprudencia sobre “La prisión preventiva; presupuestos y vigilancia electrónica”, “Pena efectiva, principio de oportunidad y acuerdo reparatorio” y “Diferencias Hermenéuticas y técnicas especiales de investigación en los delitos de organización criminal y banda criminal”.

También abordarán el “Impedimento de salida de país y diligencias preliminares”, “Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal”.

Asimismo, discutirán sobre “Problemas concursales en los delitos de trata de personas y explotación sexual”, “Viáticos y delito de peculado” y “Actuación policial y exención de responsabilidad penal”.

Los magistrados de la Corte Suprema seleccionaron estos temas porque con frecuencia son advertidas situaciones problemáticas en el ejercicio de la función jurisdiccional, anotó el Poder Judicial en un comunicado publicado en su página web institucional, para que la comunidad jurídica y la sociedad civil presenten sus ponencias hasta el 15 de mayo.

Este plazo será improrrogable y permitirá deliberar con un tiempo prudente la selección de las personas o representantes de instituciones que harán uso de la palabra en la audiencia pública que será fijada en las siguientes semanas.

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