El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció un proyecto de ley para que se implemente la figura de la colaboración eficaz en los casos de las denuncias que pasan por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, así como en las indagaciones de comisiones investigadoras.
Salaverry precisó en declaraciones a periodistas que cubren las actividades del Congreso que el objetivo de esta iniciativa legal es facilitar la resolución de las denuncias constitucionales presentadas ante la mencionada subcomisión.
"Queremos implementar la figura de la colaboración eficaz para que los denunciados y procesados puedan contar la verdad y finalmente podamos tener un caso sólido".
Según explicó, las denuncias constitucionales presentadas en algunos casos no pueden ser analizadas correctamente, porque el Legislativo no tiene las mismas facultades del Ministerio Público en una investigación. Agregó que esta situación impide, muchas veces, sancionar a los “peces gordos” responsables de delitos o irregularidades.
"Quienes se acojan a la colaboración eficaz, como en cualquier parte del mundo, tiene que tener un beneficio o estímulo para animarse a contar. Hemos presentado el proyecto y esperamos que sea debatido", remarcó.
La iniciativa legislativa, que Salaverry presentó junto a congresistas no agrupados, propone que los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución pueden invocar su colaboración oportuna en la investigación para la reducción de una eventual sanción política si es que fueran denunciados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El proyecto también señala que este beneficio será mayor si la colaboración fue brindada previamente ante una comisión investigadora.
La figura de la colaboración eficaz está regulada en el ámbito penal, según los artículos 472-481 del Código Procesal Penal, el cual señala que una persona involucrada en actos ilícitos puede lograr beneficios en caso entregue información relevante que permita a las autoridades desarticular organizaciones criminales y sancionar a los responsables de delitos.
Las denuncias constitucionales contra congresistas y otros altos funcionarios del Estado con derecho a antejuicio deben pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que determina si hay mérito o no para formular una acusación constitucional. Y como se ha visto recientemente, en este grupo de trabajo bajo el control del fujimorismo y sus socios del Apra, se ha blindando sistemáticamente a personajes cuestionados afines a sus intereses, como el fiscal supremo Pedro Chávarry.
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