Este viernes, el fiscal José Domingo Pérez debía interrogar a Keiko Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple un mandato de 36 meses de prisión preventiva, pero la dos veces candidata presidencial optó guardar silencio y no declarar en el marco de la investigación de los aportes a sus campañas que la empresa Odebrecht asegura que realizó.
"Después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que, en mi caso, ha perdido totalmente la objetividad", escribió la jefa de Fuerza Popular en un mensaje en Twitter.
El pronunciamiento se dio minutos después de que Keiko Fujimori recibió la visita de su abogada, Giulliana Loza.
"Vengo declarando en este caso desde hace 3 años. Lo he hecho frente a los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez. Ya he entregado toda la documentación requerida. Sin embargo, estoy injustamente presa evidenciando un trato totalmente diferenciado entre Fuerza Popular que no ha sido gobierno y otros acusados que sí manejaron presupuestos y obras".
Keiko Fujimori alegó que viene "colaborando con la justicia más de 19 años" y que ha decido no prestarse "más al juego político de quienes no buscan la verdad, sino que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración".
Pese a la negativa a declarar, en el equipo especial Lava Jato de la fiscalía tienen sólidas evidencias del blanqueo de millonarias sumas de dinero que ingresaron a las campañas de Keiko del 2011 y 2016 a través de falsos aportes y actividades de campaña simuladas, como lo han declarado y ratificado diversos testigos, entre ellos varios supuestos donantes y hasta del mismo reclutador, Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, quien fue la pieza clave en la presunta organización criminal que funcionó en paralelo al partido para lavar fondos de origen desconocidos.
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