El procurador especial del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, aseguró este sábado que el acuerdo de colaboración eficaz que se negocia con constructora OAS se firmará en un plazo mucho más rápido que el suscrito con la empresa Odebrecht.
Aunque precisó que no hay un plazo determinado para culminar la negociación del acuerdo, cuyo primer paso se dio el pasado jueves, con la suscripción en Brasil del acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz, se prevé para abril quede el acuerdo oleado y sacramentado.
"Entiendo que será más rápido que la colaboración eficaz de Odebrecht, hay más experiencia del Equipo Especial liderado por el fiscal Rafael Vela, que trabaja en forma coordinada con la Procuraduría. Somos un equipo que mostramos unidad al momento de enfrentar estos casos", afirmó en RPP.
El procurador refirió que al menos cinco exejecutivos de OAS darán su testimonio ante la fiscalía en abril, aunque dijo que varios ya han declarado a las autoridades fiscales en Brasil la semana pasada, pero alertó que acciones como interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el Congreso, generan un clima que no favorece la colaboración eficaz.
Ramírez reveló que el viernes se reunió con el asesor legal de OAS para darle la tranquilidad y seguridad de que el inminente acuerdo de colaboración eficaz será sometido al control de legalidad del Poder Judicial.
El abogado del estado sostuvo que su participación en la negociación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht se dio en el marco de su autonomía y de la Ley 30737, que alienta la colaboración eficaz de las empresas implicadas en actos delictivos.
"Actúe autónomamente, en ejercicio de mis funcione, no he recibido directiva de ningún ministro, trabajo desde la gestión de ministra Marisol Pérez Tello, y ninguno de los ministros me ha dado directivas, los he estado informado del monto y cálculos de la reparación civil porque dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado".
Por ello, Ramírez mostró su rechazo a la iniciativa legislativa que busca derogar la Ley 30737, que promueve la congresista Yeni Vilcatoma (FP), dado que detendría la lucha contra la corrupción.
Remarcó que la Ley 30737, aprobada por el actual Congreso, permitió al Ministerio Público obtener información y las pruebas para su estrategia penal que permita esclarecer actos de corrupción y cobrar la reparación civil.
"En este momento hay otras personas jurídicas que no han autorizado ser mencionadas públicamente y que habrían solicitado iniciar el proceso de colaboración eficaz, al intervenir en esto cuestiones ajenas a lo jurídico, hará reevaluar a los colaboradores la conveniencia o no de mostrarse en este proceso".
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