El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, envió este mismo viernes por la tarde un oficio al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, en el que da cuenta del levantamiento de la inmunidad del proceso al legislador fujimorista Moisés Mamani por el Pleno Congreso para que pueda ser investigado por tocamientos indebidos a una tripulante de vuelo de la empresa Latam.
Ahora, ¿qué implica la medida para el legislador de Fuerza Popular? El abogado Luciano López Flores explica que Mamani enfrentará como un ciudadano más la investigación de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos.
Según López, Mamani tendrá que responder a todos los requerimientos del fiscal e incluso podría enfrentar medidas coercitivas como el impedimento de salida del país, el arresto domiciliario e incluso la prisión preventiva si el fiscal considera que obstaculiza las indagaciones. Culminado el plazo de la indagación y si se recaban los elementos suficientes, la Fiscalía formalizará la investigación ante un juez y tendrá que afrontar el juicio oral.
"En ese tiempo, Mamani pasa a ser un 'simple' mortal, como todos nosotros, para efectos de esta investigación, ya no podrá paralizar las acciones", dijo el abogado a la agencia Andina.
Sigue siendo parlamentario
Sin embargo, López precisó que Mamani sigue siendo parlamentario, por lo que, una vez que concluyan los 120 días de la suspensión que le impuso el Legislativo, volverá a sus funciones congresales.
"Esta es una autorización para ser investigado por un delito común, no es un desafuero que procede cuando se cometen delitos en el ejercicio de la función parlamentaria y se produce previa acusación constitucional", explicó.
Procedimiento válido
El abogado también remarcó que el hecho de que Mamani no haya ejercido su derecho a la defensa ante el Pleno del Congreso en la sesión que aprobó levantarle su inmunidad, no invalida este proceso.
Apuntó que el fujimorista estaba debidamente notificado y que no argumentar que se hallaba imposibilitado de hacerlo por la suspensión de 120 días impuesta por el Congreso.
"Son dos cosas distintas. La suspensión por 120 días en su función parlamentaria no afecta en lo absoluto ni le impide hacer uso de su derecho a la defensa", anotó.
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