El éxodo venezolano que ha provocado una crisis migratoria en toda la región, pero que el régimen de Nicolás Maduro se niega a admitir, ha motivado que 11 países de América Latina toman medidas conjuntas ante esta situación que se agrava cada día más.
La primera reunión de este grupo terminó el martes con una declaración de 18 puntos en la que piden a Venezuela que acepte ayuda humanitaria en su territorio para resolver sus problemas en origen.
El documento, apoyado por todos los países menos por Bolivia, señala que los gobiernos de la región —Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay— "reiteran su preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos y hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados".
El cónclave que se realizó en Quito duró dos días, en los que se abordó el impacto en los países de la región del aluvión de ciudadanos venezolanos que han huido de la crisis humanitaria en su país en las últimas semanas, lo que disparó la cifra de desplazados de los últimos cuatro años cuando comenzó el flujo migratorio
En su pronunciamiento, los 11 países se ciñen a ofrecer ayuda a Venezuela y pedir más recursos financieros para las naciones que reciben más migrantes. Acordaron además una segunda reunión para la segunda semana de noviembre, también en Quito.
Entre tanto, los países más afectados por la llegada masiva de venezolanos en condiciones cada vez más precarias, como Colombia, Ecuador y Perú podrán "continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno", de acuerdo al punto 2 de la declaración, para ofrecer a los miles de desplazados asistencia humanitaria, mecanismos para permanecer en el territorio de forma regular y medidas contra el tráfico ilícito y la explotación de los migrantes.
Pero además de pedir a Venezuela que acepte cooperación en su territorio, los 11 países firmantes exhortaron al régimen de Maduro a que tome “de manera urgente y prioritaria” las medidas necesarias para expedir los documentos de identidad y oficiales, como el pasaporte, la cédula de identidad o certificados apostillados, para facilitar a sus ciudadanos el ingreso legal a los países a los que migran.
Esta solicitud tiene que ver directamente con la disposición de las últimas dos semanas de Ecuador y Perú de exigir a los venezolanos que quieran cruzar la frontera un pasaporte, pese a que la mayoría de ellos carecen de ese documento por las dificultades y el alto costo de obtenerlo en su país, ya sea de forma regular o en el mercado negro.
Así, la Declaración de Quito también incluye un apartado para que los gobiernos latinoamericanos, de acuerdo con la legislación nacional, acojan "los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios". Y también los países de acogida se comprometen "a la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia", con iniciativas y esfuerzos estatales, en la medida en que sea posible para cada país.
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