Los gobiernos de toda la región de América Latina y el Caribe deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela, manifestó Amnistía Internacional en una carta abierta a los gobiernos asistentes a la cumbre de urgencia que se realizó en Quito hasta el último martes para tratar la migración masiva de ciudadanos de ese país.
"Millones de personas han sido obligadas a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones de derechos humanos cometidas en gran escala en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación del derecho a la alimentación y a la salud" señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"La solución requiere liderazgo y cooperación internacionales. Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger a las personas de Venezuela en los momentos de necesidad".
Más de 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015, el equivalente a más del 7% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Dada la magnitud de la crisis, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela. Los países receptores deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección de esas personas y garantizar que no son devueltas. Los Estados deben garantizar el acceso a los derechos humanos tanto a las comunidades receptoras como a quienes necesitan protección internacional, incluidos los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la libertad de circulación, entre otros.
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Los gobiernos regionales y las agencias internacionales especialistas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Regional (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), deben también determinar su responsabilidad compartida de prestar apoyo económico y logístico para garantizar los derechos y la protección de todas las personas que llegan de Venezuela.
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